El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Viceministerio de Suelos y Aguas, la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), intervino la mina de agregados Aremax, la cual operaba de manera ilegal en este municipio, a pesar de haber sido clausurada de forma definitiva.
Durante el operativo, el viceministro en funciones de Suelos y Aguas, Davis Aracena, explicó que la empresa había sido cerrada y sancionada en septiembre del año pasado por exceder el área autorizada para la explotación y por incumplir los criterios técnicos establecidos en su permiso ambiental.
“Además del cierre definitivo, los propietarios de la empresa fueron sancionados administrativamente, luego de comprobarse que violaron los límites del polígono autorizado y que no realizaban una explotación sostenible de los agregados, tal como lo establecía la autorización ambiental concedida”, precisó el viceministro Davis Aracena.
El funcionario también indicó que, al tratarse de una empresa reincidente en la violación de la Ley de Medio Ambiente, corresponde ahora a la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales proceder con el sometimiento judicial, mientras el SENPA deberá mantener la vigilancia permanente en la zona para impedir que la mina vuelva a operar de forma ilegal. Asimismo, los propietarios de la grancera estarán obligados a remediar el daño ambiental ocasionado en el área intervenida.
Recordó que la normativa vigente establece que toda autorización para la explotación de minas no metálicas obliga al concesionario a realizar una extracción responsable y, una vez concluida, ejecutar un proceso de remediación ambiental que incluye la restitución de la capa vegetal y la reforestación total del área impactada.
De su lado, el magistrado Francisco Contreras, fiscal actuante en representación de la Procuraduría, informó que acudieron al lugar para levantar evidencias que permitan someter a la justicia a los propietarios de la empresa, señalando que la situación se ha agravado por la muerte de un empleado mientras realizaba labores de extracción, pese a que la mina se encontraba clausurada.
En el operativo también estuvieron presentes el director del SENPA, General de Brigada Ángel Alfredo Camacho Ubiera (ERD), y el ambientalista Luis Carvajal, quien manifestó que la Comisión Ambiental que representa respalda firmemente este tipo de acciones en defensa de los recursos naturales y en la persecución de los delitos ambientales.
