POR ERIC TUCKER and BEN FINLEY
WASHINGTON (AP) — Las familias de dos ciudadanos trinitenses asesinados en un ataque a un barco por parte de la administración Trump en octubre pasado demandaron al gobierno federal el martes, calificando el asalto como un crimen de guerra y parte de una “campaña militar estadounidense sin precedentes y manifiestamente ilegal”.
La demanda es a todas luces el primer caso de muerte por negligencia que surge de las tres docenas de ataques que la administración ha lanzado desde septiembre contra lanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental.
La demanda pondrá a prueba la justificación legal de los ataques; el gobierno los han defendido como necesarios para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero muchos expertos legales dicen que equivalen a una violación descarada de las leyes de conflicto armado.
La demanda refleja muchas de las preocupaciones frecuentemente expresadas sobre los ataques a las embarcaciones, señalando, por ejemplo, que se han llevado a cabo sin autorización del Congreso y en un momento en que no hay conflicto militar entre Estados Unidos y los cárteles de drogas.
“Estas muertes premeditadas e intencionales carecen de cualquier justificación legal plausible. Por lo tanto, fueron simplemente asesinatos, ordenados por individuos en los niveles más altos del gobierno y obedecidos por oficiales militares en la cadena de mando”, dice la demanda.
La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, sostuvo en un comunicado que el ataque del 14 de octubre “se llevó a cabo contra narcoterroristas designados que traían veneno mortal a nuestras costas”.
“El presidente Trump utilizó su autoridad legal para tomar medidas decisivas contra la plaga de narcóticos ilícitos que ha resultado en la muerte innecesaria de estadounidenses inocentes”, afirmó Kelly.
La demanda fue presentada por la madre de Chad Joseph y la hermana de Rishi Samaroo, dos ciudadanos trinitenses que estaban entre las seis personas muertas en el ataque con misiles del 14 de octubre contra una lancha que viajaba de Venezuela a Trinidad.
Los hombres no eran miembros de ningún cártel de drogas, dice la demanda, sino que habían estado pescando en las aguas frente a la costa venezolana y regresaban a sus hogares en Trinidad y Tobago.
Ambos habían conseguido un viaje de regreso a Las Cuervas, una comunidad pesquera de donde eran originarios, en una lancha que fue atacada en un hecho anunciado en Truth Social por el presidente Donald Trump. Las seis personas a bordo del barco murieron.
“Estos asesinatos fueron injustos porque ocurrieron fuera de un conflicto armado y en circunstancias en las que el señor Joseph y el señor Samaroo no estaban involucrados en actividades que presentaran una amenaza concreta, específica e inminente de muerte o lesión física grave, y donde había medios distintos a la fuerza letal que podrían haberse empleado razonablemente para neutralizar cualquier amenaza de este tipo”, dice la demanda.
La demanda es la primera en desafiar la legalidad de los ataques en los tribunales, según Jen Nessel, portavoz del Centro para los Derechos Constitucionales, que presentó la demanda en un tribunal federal en Massachusetts en nombre de las familias, junto con la ACLU y otros.
Nessel informó en un correo electrónico que el centro también ha hecho una petición bajo la Ley de Libertad de Información para obtener cualquier información sobre la justificación legal para los bombardeos.
Jeffrey Stein, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, dijo a los periodistas a través de Zoom que la demanda busca daños compensatorios y punitivos que pueden determinarse después de un juicio.
“No creemos que sea algo a lo que podamos ponerle una cantidad exacta en dólares”, señaló Stein. “Pero estamos buscando una compensación que pueda contribuir de alguna manera a lograr justicia por estos abusos de poder realmente atroces”.
La demanda también busca prevenir ataques futuros, sostuvo Stein, con la esperanza de que un tribunal estadounidense rechace las “francamente absurdas afirmaciones de la administración Trump sobre su autoridad para llevar a cabo estos ataques ilegales”.
El número de muertos por los ataques asciende ahora al menos a 126, con la inclusión de aquellos que se presume muertos después de haber sido perdidos en el mar, confirmó el lunes el ejército de Estados Unidos.
La cifra incluye a 116 personas que murieron inmediatamente en al menos 36 ataques llevados a cabo desde principios de septiembre, con otras 10 presuntamente muertas porque las personas no fueron halladas después del ataque.
