PLD reitera denuncias de violaciones a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y llama al Gobierno a corregir de inmediato.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que varias instituciones del Estado están incurriendo en violaciones reiteradas a la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, al negar, fragmentar o retrasar la entrega de información solicitada formalmente por ciudadanos, periodistas y dirigentes políticos, en contravención directa de lo que establece la normativa vigente.
El secretario general del PLD, Johnny Pujols, explicó que no se trata de hechos aislados ni de errores administrativos puntuales, sino de una práctica que se ha venido repitiendo, afectando el derecho ciudadano a fiscalizar el uso de los recursos públicos y debilitando los principios de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
Pujols señaló que la situación se agrava debido a que informaciones que anteriormente estaban disponibles en los portales de transparencia han sido desplazadas, fragmentadas o dejadas de publicar, dificultando el acceso efectivo a datos de interés público.
“A esto se suman respuestas oficiales que niegan información, la entregan de manera incompleta o simplemente no responden dentro de los plazos que establece la Ley”, declaró Pujols.
Recordó que la Ley 200-04 reconoce el derecho de toda persona a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado (artículo 1), y define información pública de manera amplia, incluyendo contratos, pagos, expedientes, registros y documentos, en cualquier formato, siempre que estén bajo control o posesión de una entidad pública (artículo 2).
Asimismo, la ley impone la obligación de publicidad activa sobre presupuesto, compras, contrataciones y uso de fondos públicos (artículo 3), estableciendo de manera expresa que los contratos del Estado constituyen información pública, aun cuando intervengan empresas privadas.
El dirigente político subrayó que la normativa también fija plazos claros para responder las solicitudes de información (15 días hábiles, prorrogables sólo de forma excepcional) y considera denegación ilegal el silencio administrativo, la demora injustificada o las respuestas evasivas (artículos 8 y 10).
En ese sentido, advirtió que las excepciones previstas en la ley son limitadas y taxativas, y solo pueden aplicarse cuando la información ha sido expresamente clasificada conforme a la ley o cuando se afecten intereses públicos claramente definidos, mediante una motivación específica, proporcional y verificable (artículos 17 y 18).
“La ley no autoriza a negar información de manera genérica alegando ‘operaciones comerciales’, ‘derechos privados’ o que los datos solo pueden ser entregados por las partes contratantes, cuando se trata del uso de fondos públicos”, precisó.
El PLD informó que ya ha publicado en la red social X respuestas oficiales documentadas, con fechas y referencias, que evidencian estas prácticas, como parte de un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas ante la ciudadanía, sin ánimo de polemizar, sino de defender un derecho fundamental y fortalecer la institucionalidad democrática.
Finalmente, Johnny Pujols llamó al Gobierno y a las instituciones involucradas a corregir de inmediato estas malas prácticas, advirtiendo que persistir en la negación, fragmentación o demora injustificada de información pública implicaría un retroceso institucional sin precedentes en materia de transparencia. “La transparencia no se proclama; se cumple. Y cumplir la ley es una obligación del Estado”, concluyó.
