MADRID, EFE.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en España, ha archivado la investigación abierta a raíz de una denuncia de dos exempleadas contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 en República Dominicana y Bahamas, ante la «falta de jurisdicción» y competencia de los tribunales españoles.
El ministerio público ha dictado un decreto en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, presentada por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.
Porque, según explica la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las denunciantes sean españolas o residentes en el país.
Sin embargo, en este caso, precisa el decreto, las víctimas son extranjeras, no residen en España, «los hechos se atribuyen a países plenamente competentes», y los denunciados -Julio Iglesias y dos asistentes- no residen en España y además tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña).
La Fiscalía considera que el criterio decisivo «es la existencia de vínculo relevante con España, que en este caso no existe» porque los hechos no discurren en territorio español, ni las denunciantes o los denunciados se encuentran en España.
Además, apunta a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide que España desplace la jurisdicción del Estado «primariamente competente», salvo que quede acreditada la «imposibilidad real o falta de voluntad de investigar», algo que en este caso no se da porque «en ningún momento se han denunciado los mismos en los países territorialmente competente».
Procede así la aplicación del artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial «que obliga al juez español a abstenerse cuando otro Estado es el competente».
La Fiscalía acordó abrir diligencias de investigación preprocesales, con carácter secreto, tras recibir la denuncia el 5 de enero, y días después, el 16, otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link Worldwide.
La apertura de esta causa se conoció el mismo día que una investigación periodística de eldiario.es y Univisión Noticias recogía relatos de ambas denunciantes -una antigua empleada del hogar y una fisioterapeuta- sobre presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando éste tenía 77 años.
Una de las empleadas, que ubicaron aquellos hechos en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas, aseguró que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.
Desde el primer momento, en su cuenta de Instagram, Julio Iglesias negó los hechos y, poco después de conocer la existencia de las diligencias, su defensa pidió el archivo al invocar, precisamente, la falta de jurisdicción de la Justicia española para investigar los hechos y, por otra, solicitó personarse en las mismas.
Dijo entonces que la denuncia le había provocado un «grave daño reputacional» e incluso se planteó acudir al Tribunal Constitucional al no permitirle la Fiscalía personarse porque todavía se estaba analizando la competencia de la denuncia.
Más tarde, el cantante procedió a publicar en su perfil de Instagram varios mensajes que supuestamente habría recibido de las trabajadoras que le denunciaron como método con el que parecía querer demostrar su inocencia.
