Reclama aumento salarial para trabajadores administrativos y rechaza corrupción en el sector salud
Por Orlando Arias
El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, expresó su confianza en que el proyecto de modificación del Código de Trabajo sea aprobado en los próximos días por el Congreso Nacional, manteniendo intacto el régimen de cesantia.
Del Rio Doñe, reclamó un aumento urgente del salario mínimo para los trabajadores administrativos del sector salud, pensionados y jubilados del Estado, y reiteró el rechazo absoluto a la corrupción en el sistema público de salud.
El sindicalista recordó que la iniciativa ya fue aprobada por el Senado de la República y manifestó su optimismo de que la Cámara de Diputados haga lo propio, destacando que el principal punto de desacuerdo entre el sector sindical y el empresariado continúa siendo la cesantía laboral.
Del Río Doñé sostuvo que la posición expresada por el presidente Luis Abinader, de que el Código de Trabajo sea aprobado tal como fue sometido, constituye una garantía para que se preserven los derechos adquiridos de los trabajadores.
“Esperamos que, con el liderazgo del presidente Abinader y el respaldo de diputados y senadores, el Código de Trabajo sea aprobado manteniendo la cesantía. Y si por el poco tiempo que resta no se logra en esta legislatura, confiamos en que se apruebe en la próxima”, expresó el líder sindical.
El secretario general de la CASC, ofreció estas declaraciones al participar este lunes en el programa Tiempo de Noticias, que produce el periodista Luis Brito en El Nuevo Diario TV.
Asimismo, resaltó el interés mostrado por el vocero de la comisión que estudia la pieza en la Cámara de Diputados, Mélido Mercedes Castillo, en que el proyecto sea sancionado antes de que concluya la actual legislatura, o en su defecto en la siguiente.
Rechazo a contrapropuestas empresariales
Al explicar las razones del impasse, Del Río Doñé indicó que una parte del sector empleador ha presentado contrapropuestas que calificó de inaceptables, entre ellas limitar el pago de la cesantía a un máximo de seis años, aun cuando el trabajador tenga 10, 15 o más años de servicio en una empresa.
También rechazó la propuesta de establecer un tope de 10 salarios mínimos para el pago de la cesantía, equivalente a unos 250 mil pesos, así como la intención de diferir su pago hasta tres meses después del despido.
“¿Cómo va a sobrevivir un trabajador durante tres meses si con salarios de miseria no puede ahorrar? Por eso el Código establece que la cesantía debe pagarse a los 10 días. Lo otro no funciona ni tiene sentido”, sostuvo.
Recordó, además, que el Código de Trabajo ya establece claramente que no hay derecho a cesantía cuando el trabajador renuncia voluntariamente o incurre en faltas graves debidamente tipificadas por la ley.
“Esas propuestas no proceden. Por eso mantenemos firme nuestra posición de que se preserve la cesantía tal como está y que el Código de Trabajo sea aprobado como fue sometido”, reiteró.
Reclamo de aumento salarial a 20 mil pesos
En otro orden, el presidente de la CASC calificó de insostenible el salario mínimo de 10 mil pesos mensuales, que devengan miles de trabajadores administrativos del sector salud, así como pensionados y jubilados del Estado.
“Un salario mínimo de 10 mil pesos es imposible. Hay que llevarlo por lo menos a 20 mil pesos, tomando en cuenta el primer quintil del costo de la vida. Existe una deficiencia total, aunque se han producido algunas mejorías”, afirmó.
En ese sentido, expresó la esperanza de que durante el presente año las autoridades dispongan un ajuste que eleve esos ingresos a 20 mil pesos, con el objetivo de mejorar, aunque sea parcialmente, las condiciones de vida de los empleados públicos, en especial del área administrativa de salud, así como de los pensionados y jubilados.
Condena firme a la corrupción en salud
Del Río Doñé lamentó profundamente que los esfuerzos por mejorar el sistema público de salud se vean afectados por actos de corrupción, los cuales —afirmó— impiden que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.
Señaló que el robo de fondos en instituciones del Estado, incluyendo aquellas vinculadas al sistema de salud y al seguro público, repercute directamente en la calidad y cobertura de los servicios que recibe la población más pobre.
“Cuando se roban los recursos destinados a la salud, se roba vida, se roban oportunidades y se condena a los más pobres a servicios deficientes y limitados”, expresó el veterano dirigente sindical.
Valoró la postura del presidente Luis Abinader frente a la corrupción, recordando su afirmación de que “yo tengo amigos, no cómplices” cuando se trata del manejo indebido de los recursos públicos, y sostuvo que el movimiento sindical respalda toda acción orientada a sancionar a los responsables, sin importar su jerarquía.
“Ese no es el camino. La corrupción del Estado, y sobre todo en salud, es un crimen social. Nuestra central sindical, que está próxima a cumplir 64 años, mantiene una posición firme de cero tolerancia a la corrupción”, subrayó.
Finalmente, informó que la CASC ha emitido una declaración pública rechazando de manera categórica estos actos, reiterando su compromiso con la transparencia, la defensa de los derechos laborales y la dignidad del pueblo trabajador dominicano.
