Por Fernanda Fernández
Hablar hoy de Venezuela se ha vuelto un ejercicio cómodo. Y cuando el análisis es cómodo, rara vez es justo. Se opina rápido, se juzga desde lejos y se simplifica una realidad compleja hasta volverla digerible.
Sin embargo, el Derecho , cuando se toma en serio, no está hecho para tranquilizar conciencias, sino para incomodarlas.
Reducir lo que ocurre a una disputa por recursos es una forma de evitar el fondo del problema. El poder rara vez actúa por una sola causa. Más que el petróleo, lo que parece estar en juego es el control de espacios estratégicos y el temor a que otros actores ocupen territorios que antes estaban bajo determinada influencia.
En ese cruce entre Derecho Internacional y geopolítica, las normas no desaparecen, pero se vuelven frágiles, selectivas y, a veces, funcionales al poder.
Aun así, ningún análisis jurídico es legítimo si prescinde de lo humano. Juzgar desde afuera resulta sencillo cuando no se ha vivido el colapso institucional, la escasez prolongada, la migración forzada ni la fragmentación de la vida cotidiana.
Hablar de Venezuela sin considerar a quienes cargan con estas consecuencias es convertir el Derecho en una estructura vacía, incapaz de proteger aquello que dice defender.
Tal vez por eso muchos pueblos observan en silencio. No por indiferencia, sino por reconocimiento. Porque las condiciones que permiten el deterioro institucional no son exclusivas de una geografía.
Se repiten cuando la ética se debilita, la justicia se politiza y la conciencia colectiva comienza a negociar principios por beneficios momentáneos.
La historia demuestra que ningún país está completamente a salvo de ese desgaste.
En el escenario internacional, la incoherencia se vuelve evidente. Se invoca la soberanía y se la relativiza. Se habla de derechos humanos, pero de forma selectiva.
Se condenan ciertos autoritarismos mientras se toleran prácticas que los reproducen bajo otros nombres.
Cuando las normas se aplican según quién tiene más poder, el Derecho deja de ser un límite y se transforma en un discurso que legitima decisiones ya tomadas.
Cada país tiene su propio proceso de lucha, su memoria y sus heridas. Ninguna sociedad se reconstruye desde afuera ni se salva por imposición.
La justicia real no nace de intervenciones rápidas ni de narrativas triunfalistas, sino de procesos internos sostenidos por responsabilidad, participación y memoria colectiva.
Pensar el Derecho hoy implica aceptar una verdad incómoda: no todo lo legal es justo y no toda acción “correcta” produce justicia.
Implica dudar, incomodarse y resistirse a repetir discursos fáciles. Porque en Venezuela el problema no ha sido la alternancia, sino la permanencia: un poder que se sostiene en el tiempo mientras las consecuencias humanas de sus decisiones se acumulan y se heredan.
Cuando el Derecho pierde humanidad, pierde su sentido. Y cuando pierde conciencia, deja de proteger a los pueblos para comenzar, silenciosamente, a exponerlos.
