POR JOSHUA GOODMAN and ERIC TUCKER
MIAMI (AP) — Cuando el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro haga su primera aparición en un tribunal de Nueva York el lunes para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos, probablemente seguirá el camino tomado por otro caudillo latinoamericano derrocado por fuerzas norteamericanas: Manuel Noriega de Panamá.
Maduro fue capturado el sábado, 36 años después del día en que Noriega fue removido por fuerzas estadounidenses. Y al igual que en el caso del líder panameño, se espera que los abogados de Maduro impugnen la legalidad de su arresto, argumentando que él es inmune a un juicio penal como jefe soberano de un Estado extranjero, lo cual es un principio fundamental del derecho internacional y de Estados Unidos.
Es un argumento que probablemente no prosperará y que fue en gran medida resuelto en el juicio a Noriega, observaron expertos legales.
Aunque la orden de Trump para la operación en Venezuela plantea preocupaciones constitucionales porque no fue autorizada por el Congreso, ahora que Maduro está en Estados Unidos, es probable que los tribunales aprueben su enjuiciamiento porque, al igual que Noriega, Washington no lo reconoce como el líder legítimo de Venezuela.
“No hay reclamo de inmunidad soberana si no lo reconocemos como jefe de Estado”, señaló Dick Gregorie, un fiscal federal retirado que acusó a Noriega y luego investigó la corrupción dentro del gobierno de Maduro.
“Varias administraciones estadounidenses, tanto republicanas como demócratas, han calificado su elección de fraudulenta y han retenido el reconocimiento de Estados Unidos. Lamentablemente, para Maduro, eso significa que está atrapado con ello”.
Noriega murió en 2017 después de casi tres décadas en prisión, primero en Estados Unidos, luego en Francia y finalmente en Panamá.
En su primer juicio, sus abogados argumentaron que su arresto como resultado de una invasión extranjera fue tan “impactante para la conciencia” que convirtió el caso del gobierno en una violación ilegal de sus derechos al debido proceso.
Opinión del Departamento de Justicia permite “secuestros forzosos” en el extranjero
Al ordenar la remoción de Noriega, la Casa Blanca se basó en una opinión legal de 1989 del entonces subsecretario de Justicia Bill Barr, emitida seis meses antes de la invasión.
Esa opinión decía que la prohibición de la Carta de la ONU sobre el uso de la fuerza en las relaciones internacionales no impide que Estados Unidos lleve a cabo “secuestros forzosos” en el extranjero para hacer cumplir las leyes nacionales.
Decisiones de la Corte Suprema que datan de los años 1800 también han ratificado la jurisdicción norteamericana para enjuiciar a extranjeros independientemente de si su presencia en Estados Unidos fue obtenida legalmente.
Es probable que la opinión de Barr también figure en el enjuiciamiento a Maduro, dijeron expertos.
Trazando paralelismos con el caso de Noriega, Barr el domingo desestimó las críticas de que Estados Unidos estaba persiguiendo un cambio de gobierno en Venezuela en lugar de hacer cumplir las leyes nacionales.
Como secretario de Justicia durante la primera administración de Trump, Barr supervisó el caso contra Maduro.
“Perseguirlos y desmantelarlos implica inherentemente un cambio de régimen”, declaró Barr en una entrevista en “Fox News Sunday”. “El objetivo aquí no es solo atrapar a Maduro. Acusamos a toda una serie de sus lugartenientes. Es limpiar ese lugar de esta organización criminal”.
Diferencias clave entre Noriega y Maduro
Existen diferencias entre los dos casos.
Noriega nunca ostentó el título de presidente durante sus seis años de gobierno de facto sino que gobernó mediante presidentes títeres. Por el contrario, Maduro afirma haber ganado un mandato popular tres veces. Aunque los resultados de su reelección en 2024 son disputados, varios gobiernos —entre ellos China, Rusia y Egipto— reconocieron su victoria.
“Antes de llegar a la culpabilidad o inocencia, hay serias preguntas sobre si un tribunal estadounidense puede proceder del todo”, apuntó David Oscar Markus, un abogado defensor en Miami que ha manejado varios casos criminales de alto perfil, incluidos algunos que involucran a Venezuela.
“Maduro tiene una defensa de inmunidad soberana mucho más fuerte que Noriega, quien no era realmente el presidente en funciones de Panamá en ese momento”.
Para los tribunales estadounidenses, sin embargo, la única opinión que importa es la del Departamento de Estado, que considera a Maduro un fugitivo y ha estado ofreciendo durante meses una recompensa de 50 millones de dólares por su arresto.
La primera administración de Trump cerró su embajada en Caracas y rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro en 2019 después de que él se asegurara la reelección prohibiendo a la mayoría de los candidatos rivales.
La administración luego reconoció al jefe de la Asamblea Nacional de la oposición como el líder legítimo del país.
La administración de Biden mantuvo esa política, permitiendo que una junta designada por la oposición dirigiera Citgo, una subsidiaria de la empresa estatal petrolera de Venezuela, incluso mientras Estados Unidos mantenía conversaciones directas con el gobierno de Maduro con el propósito de allanar el camino para elecciones libres.
“Los tribunales son tan deferentes al ejecutivo en asuntos de política exterior que me resulta difícil que el poder judicial se involucre en este tipo de distinciones sutiles”, señaló Clark Neily, vicepresidente senior de justicia penal en el Instituto Cato en Washington.
Las sanciones de Estados Unidos son un obstáculo para la defensa de Maduro
Otro desafío que enfrenta Maduro es contratar un abogado. Él y su esposa, Cilia Flores, quien también fue capturada, han estado bajo sanciones estadounidenses durante años, lo que hace ilegal que cualquier estadounidense acepte dinero de ellos sin primero obtener una licencia del Departamento del Tesoro.
El gobierno en Caracas ahora liderado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez puede querer pagar la cuenta, pero está igualmente restringido de hacer negocios en Estados Unidos.
Estados Unidos ha acusado a otros líderes extranjeros de cargos de corrupción y narcotráfico mientras estaban en el cargo. Entre los más notables está Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien fue condenado en 2024 por cargos de narcotráfico y armas y sentenciado a 45 años de prisión.
Trump indultó a Hernández en noviembre, un movimiento que generó críticas incluso de algunos republicanos que lo vieron como algo que debilitó la agresiva estrategia antinarcóticos contra Maduro.
Estados Unidos había solicitado la extradición de Hernández desde Honduras unas semanas después de que dejara el cargo.
Después del arresto de Noriega, quien había sido un activo de la CIA antes de convertirse en un dictador narcotraficante, el Departamento de Justicia implementó una nueva política según la cual el secretario de Justicia debe aprobar personalmente la acusación de cualquier presidente extranjero en funciones, debido a sus implicaciones para la política exterior de Estados Unidos.
Maduro puede tener un argumento ligeramente más fuerte de que tiene derecho a una forma más limitada de inmunidad por actos oficiales que realizó al menos como líder de facto, ya que esa cuestión no dependería de si es reconocido como jefe de Estado por Estados Unidos.
Pero incluso esa defensa enfrenta desafíos significativos, indicó Curtis Bradley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago que anteriormente se desempeñó como consejero de derecho internacional en el Departamento de Estado.
El proceso acusa a Maduro y a otros cinco individuos, incluidos Flores y su hijo legislador, de facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos proporcionando pretextos legales, apoyo logístico y asociándose con “algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo”.
“El gobierno argumentará que dirigir una gran operación de narcotráfico … no debería contar como un acto oficial”, estimó Bradley.
