Por Rafael Robles
Hay riquezas que permanecen ocultas no por su profundidad geológica, sino por la incapacidad de una sociedad para reconocer su propio destino. Bajo el suelo dominicano ese mismo suelo que pisamos con la distracción de quien ignora el tesoro sobre el que camina yacen 40 millones de onzas de oro, 240 millones de onzas de plata y millones de toneladas de cobre y zinc.
No son cifras abstractas: son la posibilidad tangible de reescribir la narrativa económica de una nación que ha dependido demasiado tiempo del turismo estacional y las remesas de quienes tuvieron que partir.
La pregunta que debería mantener despiertos a nuestros estrategas nacionales no es si debemos explotar estos recursos, sino cómo convertir esta bendición geológica en un proyecto de nación que trascienda los ciclos políticos y las urgencias electorales. Porque la minería responsable no es un oxímoron: es una decisión de madurez civilizatoria.
La geografía como promesa
Pueblo Viejo, Romero y Candelones no son solo nombres en un mapa minero: son los tres pilares sobre los cuales República Dominicana podría construir una economía diversificada, resiliente y soberana.
La Formación Tireo, esa bendición geológica que atraviesa nuestro territorio, contiene un potencial que otras naciones con menor dotación natural han sabido transformar en décadas de progreso sostenido.
El caso de Pueblo Viejo es instructivo. Más allá de ser uno de los depósitos de oro más grandes del mundo, representa algo más profundo: la prueba de que es posible extraer riqueza del subsuelo sin hipotecar el futuro ambiental.
Su planta de tratamiento de efluentes no solo gestiona los residuos de la operación actual; está remediando activamente el drenaje ácido que contaminó durante décadas como herencia de una minería primitiva y depredadora. Es decir, la tecnología moderna no solo extrae: también repara.
El paradigma que viene
Pero es en Romero y Candelones, ambos proyectos ubicados en la prospectiva formación Tireo, donde se perfila el verdadero salto cualitativo.
Romero representa el potencial geológico más amplio de la región, una extensión natural del corredor minero que podría multiplicar exponencialmente los beneficios económicos y sociales que el país necesita. Su desarrollo estratégico, junto al de Candelones, configura una nueva frontera minera diseñada desde su concepción con criterios de sostenibilidad.
Candelones, el más avanzado de estos proyectos, propone un modelo de lixiviación en pilas diseñado para operar sin las polémicas presas de relaves que representa una evolución tecnológica que minimiza drásticamente la huella ecológica de largo plazo. No estamos ante la repetición de errores del pasado; estamos frente a un modelo que aprende de la historia para no reproducir sus tragedias.
El marco fiscal propuesto es igualmente revelador: un 5 % de regalías directas al Estado sobre el valor de todos los metales producidos, más un 5 % adicional destinado a las comunidades.
Esta arquitectura financiera no es una concesión generosa de las empresas; es el reconocimiento de que los recursos del subsuelo pertenecen a la nación y que su explotación debe generar beneficios compartidos, transparentes y verificables.
La falsa dicotomía
Existe una narrativa superficial que presenta la minería como una elección trágica entre desarrollo económico y preservación ambiental. Esa dicotomía es falsa y peligrosa. Rechazar proyectos mineros modernos, regulados y tecnológicamente avanzados no es un acto de conciencia ecológica: es renunciar voluntariamente a ingresos fiscales que podrían financiar educación, salud pública e infraestructura crítica.
Más grave aún: oponerse a la minería regulada mientras permitimos que pasivos ambientales históricos permanezcan sin remediar es una forma de hipocresía ecológica. Pueblo Viejo está limpiando la contaminación que dejaron operaciones del pasado.
¿No es irónico que quienes más vociferan contra la minería moderna ignoren que es precisamente esa minería la que está solucionando problemas heredados?
El costo de la inacción
Los ingresos por regalías e impuestos de una industria minera bien gestionada podrían transformar radicalmente nuestra capacidad de inversión pública. Hablamos de recursos que financiarían la modernización del sistema educativo, hospitales equipados con tecnología de punta y programas de investigación científica que nos permitan dejar de importar todo el conocimiento técnico.
Y sin embargo, la conversación nacional sigue atrapada en caricaturas ideológicas. Ambas posturas el rechazo absoluto y el desarrollismo ciego son insuficientes para la complejidad del desafío.
La verdadera pregunta no es si la minería es buena o mala en abstracto, sino si somos capaces de diseñar un marco regulatorio lo suficientemente robusto para garantizar que la explotación de nuestros recursos minerales se traduzca en prosperidad compartida y sostenibilidad ambiental verificable.
Bajo nuestros pies yace un futuro posible. Oro, plata y cobre no son solo metales: son la oportunidad histórica de construir una economía que no dependa exclusivamente del sol, las playas y el dinero que envían quienes tuvieron que emigrar.
Pueblo Viejo, Romero y Candelones son nombres que deberían resonar en el imaginario nacional no como amenazas ambientales, sino como pilares de un proyecto de nación más ambicioso.
Porque ignorar la riqueza que tenemos bajo los pies no es prudencia ecológica: es miopía estratégica. Y esa, en el largo plazo, es la verdadera forma de empobrecer a una nación.
