Temístocles Montás, vicepresidente del PLD, critica falta de transparencia del actual Gobierno en el manejo de los recursos públicos.
El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, criticó este día la falta de transparencia del actual Gobierno en el manejo de los recursos públicos en las acciones sociales que promueve.
De ejemplo Montás cita la práctica reiterada del señor Tony Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social, al distribuir personalmente los 1,500 millones de pesos de los bonos navideños establecidos para beneficiar a familias humildes.
Al reprobar esa práctica, el miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana, lanza una serie de interrogantes: ¿Puede considerarse transparente que un funcionario reparta, de manera personal y discrecional, beneficios financiados con fondos públicos? ¿Quién garantiza que ese funcionario no retiene una parte de los recursos destinados a esos bonos?
“Estas interrogantes no surgen de la malicia, sino de la falta de mecanismos que permitan descartar irregularidades. En un Estado democrático, la transparencia no descansa en la confianza subjetiva, sino en la trazabilidad, la documentación y el control institucional.”, opina Temístocles Montás en el artículo que titula “Política social, discrecionalidad y transparencia”, publicado en los periódicos Hoy y Vanguardia del Pueblo.
En el escrito se recuerda que el país ha avanzado hacia sistemas más robustos de asistencia social, con controles específicos, por lo que observar a un funcionario distribuyendo sobres o tarjetas como si se tratara de bienes de carácter personal constituye un claro retroceso.
“La práctica del señor Peña Guaba no sólo debilita los controles básicos del gasto social; también genera confusión entre la función pública y la construcción de capital político. Cuando un alto cargo aparece entregando recursos a personas vulnerables, la línea que separa la asistencia institucional del proselitismo se vuelve difusa”, afirma Temístocles Montás.
Considera también que la política social exige criterios profesionales, impersonales y verificables, lo que implica procesos formales, mecanismos institucionales de entrega, sistemas electrónicos trazables y la eliminación de la discrecionalidad.
“No basta con que el gobierno afirme que actúa correctamente; la confianza pública requiere garantías verificables, no declaraciones”, apunta para cerrar su escrito afirmando, que “Sería bueno saber lo que opina doña Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental”.
