POR HYUNG-JIN KIM
SEÚL, Corea del Sur (AP) — Un fiscal independiente exigió el viernes una pena de 10 años en prisión para el destituido expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, en el primero de siete casos penales relacionados con su intento de imponer la ley marcial en 2024 y otras acusaciones que surgieron durante su mandato.
El primero de los juicios de Yoon en concluir abarca cargos que incluyen su desafío a los intentos de las autoridades por investigarlo y detenerlo. Yoon rechaza todos los cargos, y sus abogados han argumentado que la orden de detención era inválida e ilegal.
Se tiene previsto que el tribunal emita un veredicto incluso a partir del próximo mes.
Yoon enfrenta otros juicios por acusaciones que van desde corrupción y tráfico de influencias hasta rebelión, un cargo grave que se castiga con cadena perpetua o ejecución. El juicio por rebelión también está por concluir.
Como resultado de la promulgación de la ley marcial por parte de Yoon, soldados armados salieron a las calles de Seúl, desencadenando la peor crisis política del país en varias décadas.
La ley marcial permaneció vigente apenas unas horas, luego de que los legisladores lograron ingresar en la Asamblea Nacional y votaron para levantar su decreto.
Yoon fue llevado a juicio político en diciembre de 2024, antes de ser destituido formalmente como presidente tras un fallo del Tribunal Constitucional en abril.
El equipo del fiscal independiente Cho Eun-suk solicitó el viernes al Tribunal del Distrito Central de Seúl que sentencie a Yoon a 10 años en prisión por cargos de obstrucción de funciones oficiales, abuso de poder, falsificación de documentos oficiales y destrucción de evidencias.
Yoon se atrincheró en su residencia y durante semanas obstaculizó los intentos de las autoridades por ejecutar una orden de detención.
La situación desató preocupaciones de posibles enfrentamientos entre el servicio de seguridad presidencial de Yoon y los agentes que intentaban detenerlo.
Durante la sesión del tribunal del viernes,Park Eok-su, investigador del equipo de Cho, calificó las acciones de Yoon como “una obstrucción sin precedentes de las funciones oficiales”.
Yoon también enfrenta cargos de haber eludido una reunión obligatoria de gabinete antes de declarar la ley marcial, de haber fabricado documentos –incluida la proclamación de la ley marcial– y haber ordenado la eliminación de datos de los teléfonos utilizados entre los involucrados en la imposición de la ley marcial.
Yoon ha negado esos cargos y ha sostenido que su decreto tenía como objetivo obtener el apoyo público en su lucha contra el opositor Partido Demócrata, el cual destituyó a algunos de sus principales funcionarios y obstruyó su agenda.
Después de concluir la semana pasada con una investigación de seis meses, el equipo de Cho dijo que Yoon planeó durante más de un año imponer la ley marcial para eliminar a sus rivales políticos y monopolizar el poder.
Los otros juicios de Yoon giran en torno a cargos como su orden para volar drones sobre Corea del Norte para avivar deliberadamente las tensiones y justificar sus planes de declarar la ley marcial, además de cometer perjurio en el juicio de su primer ministro.
Yoon también enfrenta cargos de haber intentado manipular la investigación sobre el ahogamiento de un marine en 2023 y haber recibido encuestas de opinión gratuitas de un intermediario electoral a cambio de un favor político.
Yoon ha dicho que no fue informado de los vuelos de drones y negó haber cometido irregularidades en el escándalo de tráfico de influencias.
