POR HOLLY RAMER
CONCORD, Nueva Hampshire, EE.UU. (AP) — Una estudiante universitaria de Massachusetts que fue deportada por Estados Unidos mientras intentaba visitar a su familia para el Día de Acción de Gracias denunció que un agente de inmigración le dijo que no importaría si hablaba con un abogado, porque de todas formas iba a ser expulsada del país.
Any Lucía López Belloza, una estudiante de primer año en Babson College, fue enviada a Honduras el 22 de noviembre, dos días después de ser detenida en el aeropuerto de Boston y un día después de que un juez ordenara que permaneciera en el país.
En un documento judicial presentado el sábado, describió dos noches sin dormir: primero, permaneciendo despierta con emoción ante la expectativa de ver a su familia, y luego, estando hacinada con otras 17 mujeres en una celda “que era tan pequeña que ni siquiera teníamos suficiente espacio para dormir en el piso”.
López Belloza, de 19 años y quien ahora se encuentra con sus abuelos, llegó a Estados Unidos en 2014 a los 8 años y se ordenó que fuera deportada varios años después. Aunque el gobierno ha argumentado que perdió múltiples oportunidades para apelar, López Belloza afirmó que su abogado anterior le dijo que no había una orden de expulsión.
“Si hubiera estado al tanto de mi orden de deportación de 2017, no habría viajado con mi pasaporte válido”, escribió. “Habría dedicado un tiempo y esfuerzo significativos durante los últimos ocho años a contratar a un abogado que pudiera ayudarme a resolver mi situación migratoria”.
El gobierno alega que el juez que emitió la orden del 21 de noviembre para evitar su expulsión carecía de jurisdicción porque para entonces, López Belloza ya estaba en Texas para salir del país. Pero los abogados de la estudiante argumentan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hizo casi imposible localizarla.
Según López Belloza, cuando se negó a firmar un formulario en el que aceptaba la deportación y pidió llamar a sus padres o a un abogado, un agente del ICE “dijo que no importaba si hablaba con un abogado porque de todas formas iba a ser deportada”.
Más tarde se le permitió llamar a su familia desde Massachusetts, pero eso fue antes de saber que sería enviada a Texas y luego a Honduras.
En un documento separado, los abogados de López Belloza dijeron que el gobierno actuó “de mala fe y con sigilo” al no responder llamadas telefónicas a la oficina de ICE en el área metropolitana de Boston ni actualizar su base de datos de localización de detenidos y al trasladarla sin permitirle notificar a sus padres o abogado.
Solicitaron a un juez que programe una audiencia y permita a López Belloza regresar a Estados Unidos para testificar.
Los documentos se presentaron un día después de que un grupo de siete jueces retirados enviaron una carta al tribunal en la que apoyan la solicitud de López Belloza para una audiencia sobre si el gobierno debería ser considerado en desacato por violar la orden.
Dijeron que permitir que el gobierno desobedezca órdenes deliberadamente sería una burla a la Constitución.
