POR MIKE SCHNEIDER
ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Abogados de los detenidos en un centro de detención de inmigrantes en Florida conocido como “Alcatraz con Caimanes” pidieron a una jueza realizar una visita sorpresa a la instalación para ver de primera mano si los reclusos están teniendo acceso a abogados.
Los abogados pidieron el viernes a la jueza Sheri Polster Chappell que realice la visita dentro de los próximos dos meses para evaluar si a los detenidos se les permite reunirse con sus abogados de manera confidencial y regular.
La instalación fue construida este verano en una pista de aterrizaje remota en los Everglades de Florida por la administración del gobernador republicano Ron DeSantis.
La demanda federal de los detenidos afirma que sus abogados deben hacer una cita con tres días de anticipación, a diferencia de otros centros de detención de inmigrantes donde los abogados pueden simplemente presentarse durante las horas de visita; que los detenidos a menudo son trasladados a otras instalaciones después de que sus abogados han hecho una cita para verlos; y que los retrasos han sido tan prolongados que los detenidos no pueden reunirse con sus abogados antes de fechas importantes.
“Los tribunales federales rutinariamente realizan visitas a sitios como una herramienta válida de investigación de hechos, especialmente en casos que involucran condiciones de confinamiento”, escribieron los abogados de los detenidos en su solicitud.
Jueza busca que las partes resuelvan una demanda de derechos civiles de «Alcatraz de los Caimanes»
Pero los abogados del estado de Florida se opusieron “enérgicamente” a la visita, diciendo que un juez federal no tiene autoridad para inspeccionar una instalación estatal y que una visita supondría riesgos significativos para la seguridad.
“También impondría una gran carga al personal de la instalación e interrumpiría significativamente las operaciones de la instalación”, dijeron los abogados del estado de Florida.
Hasta el lunes, la jueza no había tomado una decisión sobre la solicitud.
La jueza, que tiene su sede en Fort Myers, Florida, ordenó a los abogados de los detenidos y a los abogados del estado y del gobierno federal reunirse la semana pasada en un esfuerzo por resolver el caso. Pero no pudieron llegar a una resolución a pesar de nueve horas de conversaciones.
El caso sobre el acceso al sistema legal es una de las tres demandas federales contra el centro de detención. Otra demanda presentada por los detenidos en un tribunal federal en Fort Myers argumenta que la inmigración es un asunto federal, y que las agencias de Florida y los contratistas privados contratados por el estado no tienen autoridad para operar la instalación bajo la ley federal.
La semana pasada, un juez denegó una solicitud de los detenidos para una orden judicial preliminar para cerrar la instalación.
En la tercera demanda, un juez federal en Miami ordenó el verano pasado que la instalación redujera sus operaciones durante dos meses porque los funcionarios no habían realizado una revisión del impacto ambiental. Pero un panel de la corte de apelaciones suspendió esa decisión por el momento, permitiendo que la instalación permanezca abierta.
Los detenidos se han quejado de inodoros malogrados, pisos inundados con desechos fecales, y la proliferación de mosquitos y otros insectos.
El presidente Donald Trump recorrió el centro de detención el verano pasado, sugiriendo que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país mientras su administración se apresura a expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.
