Ramos pide rendición de cuentas con datos verificables.
El dirigente politico, doctor Isaías Ramos afirmó que la efectividad de la Unidad Antifraude del Estado debe evaluarse a partir de resultados concretos y verificables, y no únicamente por la cantidad de investigaciones, expedientes o anuncios oficiales realizados desde su creación.
Ramos recordó que la Unidad Antifraude fue anunciada en 2021, relanzada en diciembre de 2023 y formalizada este año mediante el Decreto 382-25, y señaló que, pese a las cifras divulgadas sobre procesos, alertas y montos “protegidos”, la ciudadanía aún no dispone de información clara sobre condenas firmes, recuperación efectiva de fondos públicos y anulación de contratos irregulares.
En ese contexto, planteó tres interrogantes que, a su juicio, permiten medir el impacto real de la política anticorrupción: cuántos funcionarios de alto nivel han sido condenados, cuánto dinero ha retornado al erario de manera comprobable y qué contratos o concesiones lesivas han sido revertidas.
El médico sostuvo que la prevención y la investigación son funciones necesarias del Estado, pero advirtió que los informes y expedientes no sustituyen las decisiones judiciales definitivas, ni garantizan la reparación del daño causado al patrimonio público.
Al referirse al caso SeNaSa (Operación Cobra), actualmente bajo investigación del Ministerio Público por un presunto desfalco millonario, Ramos subrayó que la corrupción en el sector salud tiene un impacto directo en la población, al tratarse de una institución vinculada a la garantía de un derecho fundamental.
Indicó que la reciente imposición de medidas de coerción, incluyendo 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo para varios imputados, así como arresto domiciliario y restricciones para otros, constituye una etapa del proceso judicial, pero no representa una sentencia ni implica automáticamente la recuperación de recursos públicos.
Ramos advirtió sobre el riesgo de confundir avances procesales con resultados finales, señalando que las medidas cautelares no equivalen a condenas y que la dilación de los procesos puede afectar la percepción de justicia.
Asimismo, señaló que uno de los principales desafíos del sistema anticorrupción es su dependencia del poder político, lo que, según explicó, puede limitar el alcance de las investigaciones cuando estas afectan intereses sensibles.
Como propuesta, el Dr. Isaías Ramos sugirió la creación de un mecanismo público de seguimiento, que permita a la ciudadanía conocer de manera periódica el estado de los casos, los plazos procesales y los montos efectivamente recuperados por el Estado.
Finalmente, sostuvo que el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción pasa por mayor transparencia, rendición de cuentas y publicación de resultados finales, a fin de generar confianza ciudadana en las instituciones encargadas de combatir este flagelo.
