POR DÁNICA COTO
SAN JUAN (AP) — La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó el domingo un polémico proyecto de ley que, según los críticos, es un golpe a la democracia y dificultará el acceso a la información pública en un territorio de Estados Unidos conocido desde hace tiempo por su falta de transparencia gubernamental.
González afirmó que el proyecto de ley enmienda una ley existente para proporcionar reglas más definidas, evitar confusiones y reducir lo que ella describió como “una cantidad considerable de pleitos”. También señaló que establece sanciones por incumplimiento.
Más de una docena de organizaciones periodísticas y grupos de derechos civiles han rechazado el proyecto de ley, señalando que sólo se celebró un día de audiencias públicas con poca antelación.
“Es inconcebible que los líderes de Puerto Rico se esfuercen por perjudicar el acceso a la información de sus constituyentes y degraden la calidad de la libertad de prensa en la isla”, afirmó Clayton Weimers, director ejecutivo de Reporteros Sin Fronteras en América del Norte.
Con la nueva ley, las agencias gubernamentales ahora tienen 20 días hábiles en lugar de 10 para entregar documentos con menos de 300 páginas o que fueron creados hace menos de tres años.
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Las agencias también tienen ahora hasta un mes para liberar documentos de más de 300 páginas o de más de tres años de antigüedad, con una extensión de 20 días permitida.
“Al convertir esta medida en ley, a pesar del rechazo amplio, la gobernadora deja claro que su interés no es la transparencia gubernamental. (La ley) no es conveniente para nadie, excepto para cualquier funcionario público que persiga dificultar o impedir que el público, la gente, reciba la información que tiene derecho a ver”, destacó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico.
A principios de este mes, una coalición de organizaciones periodísticas y grupos de la sociedad civil envió una carta a la gobernadora pidiéndole que vetara el proyecto de ley.
La carta señaló que el proyecto de ley no sólo duplica el tiempo que las agencias gubernamentales tienen para liberar la información solicitada, sino que también permite al gobierno clasificar información como confidencial sin revisión judicial y eliminar las protecciones de privacidad personal para quienes solicitan la información.
El proyecto de ley elimina además la obligación previa del gobierno bajo la ley de 2019 de proporcionar información en el formato solicitado, dificultando el análisis de datos, y también permitirá al gobierno negar solicitudes válidas porque la información está dispersa en varios documentos o agencias, según la carta.
Obtener información pública en Puerto Rico ha sido durante mucho tiempo difícil, a menudo obligando a las organizaciones de medios locales que podían permitírselo a acudir a los tribunales a pesar de que el gobierno aprobó una ley en 2019 para permitir el acceso a la información pública en poder de las agencias estatales.
La ley de 2019 establecía que en Puerto Rico, “la ciudadanía y los medios de prensa cuando solicitan información pública están sujetos a procesos discrecionales en los tribunales que son costosos y pueden tardar meses. A pesar de que el derecho está en la Constitución, al no existir un mecanismo procesal para ejercerlo, la violación del mismo ocurre en muchas ocasiones”.
La ley de 2019 también afirmaba que “han sido muchos los gobiernos que han prometido transparencia pero nunca se han obligado a ello. Esto es uno de los factores que han contribuido al deterioro de la confianza del pueblo hacia su gobierno, pues el mismo se ha convertido en una estructura compleja, burocrática y poco transparente en sus decisiones”.
Hace varios años, un periódico local hizo hábito de publicar sus solicitudes de información pública y cuánto tiempo había pasado sin recibir una respuesta de las agencias estatales.
El Senado de Puerto Rico aprobó el proyecto de ley a mediados de octubre con 18 votos a favor y nueve en contra, sin que se celebraran audiencias públicas. La Cámara de Representantes lo aprobó en noviembre después de sólo un día de audiencias, con 29 votos a favor y 24 en contra.
