MADRID (AP) — El gobierno de España multó a Airbnb con 64 millones de euros (75 millones de dólares) por anunciar alquileres turísticos sin licencia, manifestaron las autoridades el lunes.
La medida es la acción más reciente del gobierno español contra empresas de alquiler a corto plazo como Airbnb y Booking.com, mientras el país enfrenta un problema de asequibilidad de la vivienda, especialmente en los centros urbanos.
El ministerio de derechos del consumidor indicó que los alquileres no incluían números de licencia —un requisito en muchas regiones de España— o listaban números de licencia que no coincidían con los que tenían las autoridades. Otros tenían información incorrecta sobre los anfitriones, señaló.
Airbnb expresó que planea impugnar la multa en los tribunales. La empresa afirmó que estaba trabajando con las autoridades españolas para cumplir con un nuevo sistema nacional de registro para alquileres a corto plazo, y que más de 70.000 anuncios en la plataforma habían añadido un número de registro desde enero.
El gobierno de izquierda y muchos españoles de todo el espectro político ven a las empresas de alquiler a corto plazo como responsables de aumentar los costos de la vivienda.
La nación en la Península Ibérica es uno de los países más visitados del mundo y los alquileres vacacionales a corto plazo han reducido la oferta ya limitada de muchas ciudades.
“Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, dijo en un comunicado Pablo Bustinduy, ministro de derechos del consumidor.
En mayo, dicho ministerio ordenó a Airbnb retirar alrededor de 65.000 anuncios debido a violaciones de las normas.
En 2024, el organismo de control antimonopolio de España multó a Booking.com con 413 millones de euros (448 millones de dólares), diciendo que la empresa de reservas y viajes en línea abusó de su posición dominante en el mercado del país durante los cinco años anteriores.
Las autoridades en Barcelona han dicho que planean eliminar gradualmente los 10.000 apartamentos con licencia en la ciudad como alquileres a corto plazo para 2028, con el fin de proteger la oferta de vivienda para los residentes.
