El tribunal reconoce la fortaleza de la investigación e impone, además, arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas para otros tres imputados; el MP reafirma su independencia y reitera que todo el que sustrajo el patrimonio público en el SeNaSA será procesado
Tras la decisión de un juez de imponer medidas de coerción a los diez arrestados en la Operación Cobra, el Ministerio Público prometió que seguirá trabajando sin descanso para que respondan por sus hechos ante los tribunales, por sus acciones delictivas, todos los implicados en el caso de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del Servicio Nacional de Salud (SeNaSa).
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, indicó, además, que el órgano persecutor buscará presentar, en el menor tiempo posible, la versión 2.0 de la Operación Cobra, con la que procederá a traducir a la justicia a otras personas físicas y jurídicas implicadas en el fraude.
El juez de la atención permanente Rigoberto Sena Ferreras, quien valoró la fortaleza de la investigación del Ministerio Público, impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
Para los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el juez impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Wilson Camacho representó al Ministerio Público junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como a los fiscales Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Alexis Piña, Ernesto Guzmán y Aurelio Valdez.
“Es una decisión histórica que ha dado este tribunal y que la ha basado fundamentalmente en tres elementos: uno de esos elementos ha sido la gravedad de los hechos que el juez ha reconocido y que, incluso, los ha calificado como crueles y muy graves, los ha entendido como una traición, los ha llamado una locura colectiva y los ha comparado, incluso, como una forma holocausto, entendiendo lo que planteó el Ministerio Público de que se trata de hechos extremadamente graves”, dijo Camacho.
“El segundo elemento que tomó en cuenta el tribunal fue la contundencia de la investigación del Ministerio Público, la cual reconoció y tomó como base para fundamentar su decisión, incluso, citando documentos y testimonios presentados por el Ministerio Público”, resaltó.
“Lo tercero fue que (el juez) valoró la colaboración que fue prestada al Ministerio Público y sobre esa base dictó prisión preventiva para siete de los imputados y los envió a Najayo Hombres y Najayo Mujeres, respectivamente; y arresto domiciliario y garantías económicas e impedimento de salida para otros tres”, indicó.
“En sentido general, los diez imputados presentados en este proceso están privados de libertad”, sostuvo Camacho, al ser abordado por los periodistas que cubrieron la audiencia de la noche de este domingo.
En ese contexto, explicó que en adelante el Ministerio Público se apresta a “hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todas estas personas respondan ante el banquillo de los acusados por los hechos atroces que han cometido, y en segundo lugar los abogados a trabajar día y noche como lo hacemos siempre, sin descanso, para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso”.
El Ministerio Público reafirma su condición de órgano independiente y reitera que todo el que sustrajo el patrimonio público será procesado.
