El Partido de la Liberación Dominicana fija hoy su posición ante un patrón institucional que amenaza gravemente la democracia dominicana: la actuación diferenciada, selectiva y políticamente orientada del Ministerio Público.
En República Dominicana se ha consolidado una práctica preocupante: el Ministerio Público actúa de una manera cuando los imputados están vinculados al Partido Revolucionario Moderno (PRM), y de una manera radicalmente distinta cuando se trata de dirigentes, exfuncionarios o relacionados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Esta comparación es empírica, observacional y verificable. Y su resultado es claro: una justicia absolutamente dependiente del poder político, operando como instrumento partidario para proteger al PRM, evitar dañar su imagen —protegiéndolo de amenazas externas como las solicitudes de extradición que se procesan en silencio — y perseguir con dureza a quienes representan un riesgo político o electoral para el partido de gobierno.
A continuación, presentamos hechos concretos que evidencian la parcialidad y el comportamiento político del Ministerio Público.
Cuando se trata del PRM: suavidad, discreción y garantías plenas
El patrón es consistente:
No hay allanamientos televisados y cuyos hallazgos se mediaticen.
No hay operativos de madrugada con información disponible para la prensa.
No hay cámaras convocadas por el propio Ministerio Público.
No se utilizan medidas humillantes ni actuaciones degradantes.
Los investigados del PRM son informados previamente, permitiendo entregas voluntarias, incluso cuando se trata de extradiciones o casos vinculados al narcotráfico.
Desde el momento en que se conoce una investigación, se les dan meses —de manera informal— para ubicar abogados, organizarse y prepararse sin presión pública.
Cualquier imputado del PRM duerme en su casa, se baña, se afeita, se viste y llega voluntariamente sin traumas ni despliegues hostiles.
Los expedientes se manejan con hermetismo absoluto: 0 filtraciones, 0 escándalos mediáticos, 0 juicios anticipados.
Las declaraciones oficiales hablan ahora de “respeto procesal”, “prudencia” y “garantías”.
En síntesis: si son del PRM, se les protege. Si afecta la imagen del gobierno, se baja el volumen.
Cuando se trata del PLD o de cualquier ciudadano común: espectáculo, humillación y condena mediática previa
Aquí aparece la otra cara del Ministerio Público.
Allanamientos a las 3 y 4 de la mañana, con cámaras previamente convocadas.
Personas sacadas sin ropa, frente a sus familias y vecinos.
Uso excesivo de cascos, chalecos, armas largas y despliegue teatral.
Filtraciones masivas: 20 mil, 30 mil, hasta 50 mil páginas divulgadas antes de llegar a los abogados.
Solicitudes de coerción desproporcionadas.
Persecución mediática coordinada y sincronizada.
Narrativa pública del Ministerio Público describiendo a los imputados como “culpables” antes del juicio.
Este comportamiento no es técnico. No es jurídico. ES POLÍTICO. Estamos ante un Ministerio Público dependiente y subordinado funcionalmente al interés político del Gobierno.
Un caso típico de Lawfare: el uso del sistema penal con fines políticos
El comportamiento del Ministerio Público no solo distorsiona el sistema de justicia, sino que lesiona directamente la democracia y el sistema de partidos.
Se trata de un patrón reconocible en estudios internacionales: lawfare, el uso del aparato penal para eliminar adversarios políticos.
Las características están todas presentes:
Protege a los cercanos al poder.
Persigue a quienes amenazan la hegemonía política del partido de gobierno.
Manipula la percepción pública mediante filtraciones selectivas.
Diseña espectáculos mediáticos para destruir reputaciones.
Administra garantías según la conveniencia electoral.
Todo esto configura una justicia selectiva, cuyo criterio de actuación no es jurídico, sino CLARAMENTE POLITICO.
Y esa selectividad —basada en el interés del gobierno— es incompatible con la democracia, porque destruye la igualdad ante la ley y convierte al sistema penal en un instrumento partidario.
El PLD reafirma su compromiso histórico con el Estado de derecho. Pero advertimos, con responsabilidad y firmeza, que:
Una justicia utilizada para proteger a unos y perseguir a otros deja de ser justicia.
La democracia dominicana no puede sostenerse con un Ministerio Público al servicio de un partido.
El país necesita un sistema judicial independiente, no un instrumento político disfrazado de legalidad.
Lo que necesita nuestro país no es una independencia de discurso, sino de actuación, y eso se refleja con igualdad ante la ley.
El PLD denuncia ante el país que el Ministerio Público está actuando con diferenciación política, aplicando un trato suave al PRM y un trato cruel y humillante a cualquier otro ciudadano bajo investigación, manipulando la justicia para mantener la hegemonía del partido de gobierno.
Lo decimos con claridad: La justicia selectiva es incompatible con la democracia. Y la democracia dominicana merece algo mejor.
