CARACAS (AP) — Familiares y defensores de derechos humanos responsabilizaron el domingo al gobierno venezolano de la muerte en prisión de un exgobernador opositor que, según las autoridades, falleció de un infarto.
Alfredo Díaz, exgobernador del estado de Nueva Esparta, murió en la prisión en la que permanecía recluido en Caracas desde finales de 2024. El Servicio Penitenciario venezolano señaló la víspera que a Díaz se le brindó atención en el lugar, pero tuvo que ser trasladado a un hospital donde murió poco después.
“Te mataron mi amor, tú gozabas de buena salud, siempre me dijiste que estabas bien y fuerte, que la Libertad iba a llegar pronto”, escribió el domingo en su cuenta de Instagram Leynys Malave, esposa de Díaz.
El político de 56 años, quien también fue concejal y alcalde de la ciudad nororiental de Mariño, fue acusado terrorismo e incitación al odio. cargos que fueron negados por sus familiares.
Tras las elecciones presidenciales de 2024 en las que el Consejo Nacional Electoral, de mayoría oficialista, declaró ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato, sectores de oposición alegaron un fraude, lo que derivó en protestas callejeras, represión, arrestos y denuncias de violaciones a derechos humanos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró el domingo en X que las prisiones se han convertido en “centros de torturas” donde se somete a los privados de libertad a tratos “degradante e inhumanos”.
“Díaz murió por esa privación ilegítima a la que era sometido” y por “falta de atención médica”, aseveró el OVP.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, parte del Departamento de Estado estadounidense, también se pronunció el domingo en X por la muerte del político que, afirmó, fue detenido “arbitrariamente” y “es otro recordatorio de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”.
El hecho ocurre en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela tras el despliegue militar en el Caribe y de los ataques en contra de embarcaciones que supuestamente transportaban droga en la región.
El gobierno no se ha pronunciado respecto de estas afirmaciones.
El Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país sudamericano, dijo la víspera que, en Venezuela, previo a la muerte de Díaz, había 887 personas detenidas “por razones políticas”. Las autoridades, venezolanas, en tanto, niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de planes para conspirar contra Maduro.
En una carta conjunta, la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González, señalaron el sábado al gobierno de Maduro, pues tenía responsabilidad sobre “su integridad y su vida”.
