POR SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La población guatemalteca tiene miedo de ser criminalizada por la fiscalía, aseguró el domingo Andrea Pochak, relatora para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, antes de la difusión de un informe sobre las condiciones de los derechos humanos en la nación centroamericana.
“Hay desafíos y deudas históricas, pero también hay situaciones que son urgentes de resolver porque está en peligro la democracia en Guatemala”, declaró Pochak a The Associated Press, al hablar de la cooptación de las instituciones y la criminalización de los defensores de derechos humanos, situación que “se prioriza en el informe”, puntualizó.
Pochak explicó que, luego de varios años de no poder realizar una visita oficial a Guatemala, el miedo y el pánico entre la población a ser criminalizada es algo que causó impacto en la comisión.
“Estamos acostumbrados en América Latina a que la gente le tenga miedo a la policía o al ejército, estos países que han sufrido dictaduras o conflictos armados, pero que la gente le tenga pánico a la fiscalía porque puedan ser criminalizado por cualquier razón o por defender sus derechos, eso es algo inédito y demuestra que no se confía en la justicia”, subrayó.
Asegura que la criminalización es “el uso arbitrario del derecho penal, y quien puede ejercer ese derecho es el Estado, y cuando se usa de forma arbitraria es una criminalización”.
Señaló que existen algunos patrones que ejemplifican el uso arbitrario del derecho penal en Guatemala, como usar figuras penales ambiguas para perseguir a personas, prisión preventiva de forma arbitraria, la reserva de los procesos judiciales o presentar denuncias con determinados jueces dispuestos a llevar esas causas.
La Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, cuestionó en 2024 al Ministerio Público guatemalteco por mantener una política de criminalización contra operadores judiciales, líderes sociales y periodistas que denunciaron actos de corrupción.
El Ministerio Público es dirigido desde 2018 por María Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por 42 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea.
Las sanciones le prohíben a ella y a varios de sus fiscales ingresar a estos países, quienes los acusan de socavar la democracia en Guatemala y obstruir la lucha anticorrupción.
La comisión no realizaba una visita oficial al país desde hacía ocho años.
Pochak explica que no se pueden garantizar derechos humanos sin un Estado de derecho y que eso “está en peligro en Guatemala”.
Alrededor de 100 miembros del poder judicial, incluidos jueces, abogados y fiscales, así como defensores de derechos humanos y periodistas se han exiliado desde 2022, denunciado persecución por su trabajo anticorrupción y delitos de lesa humanidad.
“Cuando una persona tiene que abandonar el país porque está siendo perseguido de manera arbitraria está sufriendo violaciones a su proyecto de vida, dejar su casa, país, orígenes lo que provoca cambios fuertes en su situación anímica, moral, pero no sólo para las personas, también es un impacto para la sociedad porque tiene un impacto silenciador para la sociedad”, dijo Pochak.
