Ingeniero Rodríguez Pimentel advierte solo 4,230 de las 32,600 tareas están en producción, propone plan integral
Un informe técnico elaborado por el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, exsenador de la provincia Montecristi y exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y del Instituto Agrario Dominicano (IAD) indica que el proyecto agropecuario La Cruz de Manzanillo se encuentra operando a menos del 13% de su capacidad productiva.
Esto así, a pesar de que dispone de unas 32,600 tareas tituladas a nombre del Estado. La Cruz de Manzanillo es uno de los enclaves agrícolas más estratégicos del país, según plantea Rodríguez Pimentel.
El documento detalla que, de las 32,600 tareas disponibles, apenas 4,230 se encuentran actualmente en producción activa, lo que representa un rendimiento global de 12.9%. Esa superficie está distribuida entre plátano, banano, yuca, batata, auyama y maíz dulce.
En 2025 los cultivos sembrados abarcan 2,150 tareas de plátano; 1,760 tareas de banano; 200 tareas de yuca; 50 tareas de batata; 50 tareas de auyama y 20 tareas de maíz dulce.
El proyecto sostiene una nómina de 287 empleados fijos y opera con una asignación presupuestaria anual de RD$76.8 millones. Pese a ese soporte financiero, la infraestructura de riego instalada solo permitiría llevar a producción alrededor de 10 mil tareas, debido a la limitación en la cantidad y alcance de las bombas, además de equipos de campo insuficientes.
El informe también ofrece una mirada amplia al entorno social vinculado al proyecto, especialmente a las comunidades conocidas como Los Bateyes, donde históricamente se ha concentrado la fuerza laboral de La Cruz de Manzanillo. Estas comunidades incluyen los bateyes Maguaca, Madre, Isabel y Walterio, además de las zonas Sabalo-Las Aguas y Los Conucos–Judea.
En los años de mayor productividad, el proyecto llegó a emplear hasta 8 mil trabajadores, cifra que contrasta con la cantidad de personal actual y con el deterioro progresivo de oportunidades en la zona.
Según el documento, la reducción drástica en el número de empleos ha sido un factor central en el deterioro de las dinámicas sociales.
Rodríguez Pimentel explica que, durante administraciones pasadas, 162 familias fueron autorizadas a cultivar pequeños lotes baldíos ubicados dentro del área del proyecto.
Cada lote oscilaba entre 25 y 30 tareas, lo que les permitía acceder a una forma de sustento.
Sin embargo, la administración actual revocó esos permisos, otorgó un plazo para completar la cosecha pendiente y posteriormente desalojó a los llamados “Pedaceros”.
Esa acción generó tensiones significativas y ha profundizado el cuadro de vulnerabilidad social que describe el informe.
Las comunidades de Los Bateyes están conformadas por más de 700 familias que residen directamente dentro del área agrícola, mientras que, contando las zonas circundantes, el número de habitantes supera los 10 mil.
El informe señala que estas localidades carecen de categoría administrativa formal y plantea que una de las medidas urgentes es otorgarles la condición de distrito municipal.
De acuerdo con Rodríguez Pimentel, esa categoría facilitaría la gestión local, permitiría acceder a recursos públicos y abriría la puerta a un mejor ordenamiento territorial, además de dar respuesta a necesidades sociales históricamente postergadas.
En la parte propositiva, el informe técnico plantea una reorganización integral del proyecto para devolverle su capacidad productiva y convertirlo en un motor clave de la seguridad alimentaria y del desarrollo económico del noroeste.
El plan incluye una redistribución estratégica de las tierras actualmente subutilizadas. La propuesta establece que 10 mil tareas sean destinadas a producción directa bajo administración estatal, con el objetivo de abastecer diversos programas sociales.
Propone también que 16 mil tareas se asignen a esquemas de alianzas público-privadas dirigidas a cultivos con vocación exportadora, de manera regulada y articulada con el Estado.
En cuanto al programa Bioarroz que ejecuta el Ministerio de Agricultura, se recomienda asignarle 3 mil tareas para ampliar la producción de semillas certificadas. De igual modo, se sugiere destinar 4 mil tareas a los 162 Pedaceros desalojados, integrados bajo un esquema productivo coordinado y supervisado.
Lo que puede hacerse
El documento detalla un paquete de medidas sociales de emergencia para atender las necesidades de las familias afectadas, especialmente las que residen en los bateyes y que por décadas han aportado mano de obra al proyecto.
Entre esas medidas propone reubicar el Comedor Económico en un punto equidistante de los bateyes para facilitar el acceso de las comunidades más apartadas.
También recomienda implementar un reparto domiciliario de alimentos y electrodomésticos del Plan Social, agilizar 300 pensiones pendientes para extrabajadores del proyecto, instalar una botica popular para garantizar acceso a medicinas y promover jornadas de sustitución de pisos de tierra y pintura de viviendas, como parte de un plan de intervención comunitaria inmediata.
El informe subraya que dejar ociosas cerca del 90% de las tierras disponibles genera una presión creciente sobre el territorio.
Atractivo para ocupación y para los conflictos
Héctor Rodríguez Pimentel advierte que esa situación constituye “una tentación permanente para ocupaciones y conflictos”, al mismo tiempo que representa una pérdida para la producción nacional de alimentos.
La Cruz de Manzanillo, ubicado en la región noroeste y considerado durante décadas como una de las apuestas más grandes del Estado en materia de producción agroindustrial, mantiene un potencial agrícola significativo debido a la calidad de sus suelos, su ubicación estratégica y la disponibilidad de tierras ya tituladas a nombre del Estado.
El informe técnico insiste en que la recuperación del proyecto demanda de una intervención estructural y sostenida que combine la inversión pública, alianzas privadas reguladas y medidas de apoyo social.
Fuente ElCaribe
