Los abogados que representan al empresario Emmanuel Rivera Ledesma, principal acusado de la estafa inmobiliaria a cientos de personas con falsos proyectos de apartamentos, renunciaron ayer a su defensa, lo que obligará a que el juicio de fondo contra Rivera Ledesma y su familia empiece desde cero en diciembre.
Así lo explicó el Ministerio Público, que calificó la decisión de los abogados como una desconsideración a las víctimas del caso Operación Nido, como se denomina a la investigación de la estafa que asciende a más de 700 millones de pesos.
Los fiscales también tildaron como una «burla» a un proceso penal en el agotaron más de dos meses de presentación de pruebas.
El conocimiento del expediente reiniciará desde cero por romperse «la inmediación» que establece el artículo 307 del Código Procesal de que «el juicio se celebra con la presencia interrumpida de los jueces y de las partes».
Impotencia de las víctimas
Las víctimas, muchas de ellas mayores de edad que invirtieron sus ahorros del dinero que se ganaron en el extranjero, regularmente protestan frente al Palacio de Justicia por las largas horas que deben esperar para que inicien las audiencias, que regularmente se aplazan.
El proceso penal cumplirá en enero dos años en los tribunales.
Ángela Ferreira, una de las afectadas, expresó en agosto su molestia por lo largo que ha sido el caso y su disgusto, porque cada vez que son convocados en horas de la mañana, las audiencias terminan empezando en horas de la tarde, lo que dificultaba su avance.
Ferreira dijo tener «artritis crónica» y en ese mes debía operarse con urgencia.
Los abogados que abandonan el caso
Los letrados que representaban a Rivera Ledesma son Emery Colomby Rodríguez y Gabriel Brugal.
La procuradora de corte Magalys Sánchez y la fiscal Laura Vargas Toledo deploraron la conducta de los acusados a través de sus defensas técnicas, los que renunciaron a representar al encartado cuando se acercaba su término.
Rivera Ledesma es imputado de liderar la red que estafó a cientos de personas utilizando como fachada supuestos proyectos inmobiliarios y que fue desmantelada mediante la Operación Nido, según el Ministerio Público.
«Estamos indignados por el comportamiento que han mostrado los imputados a través de sus defensas técnicas que en el día de hoy se destaparon con una renuncia colectiva», dijo Sánchez.
Indicó que, si bien una de las defensoras alegó que abandonaba el proceso para atender su estado de gestación, la otra defensa, «perteneciente al bufete Fortiori Consultores Legales, también, renunció, sin presentar excusa alguna».
Las representantes del órgano acusador lamentaron, además, el impacto humano y económico que esta conducta procesal tiene sobre las víctimas.
«Con esta decisión, han revictimizado a las víctimas, ya que las mismas han tenido que incurrir en pagos de vuelos y pagos de abogados para estar presentes durante el proceso», señaló.
Para el 9 de diciembre
Tras la renuncia de la defensa, los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Méndez Batista, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazaron la audiencia para el 9 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.
El 9 de diciembre, Rivera Ledesma deberá tener apoderado un nuevo abogado para el proceso que cursa en su contra o agotará el procedimiento para que sea representado por la Defensoría Pública.
Sobre el caso
El expediente señala como acusados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera Pichardo y a las empresas Indisarq SRL y CRD Equipos Pesados SRL.
El documento detalla cómo, junto a las referidas empresas, conformaron una estructura delictiva dedicada a estafar a cientos de personas, en el país y en el extranjero, mediante la oferta de supuestos proyectos inmobiliarios.
De acuerdo con la acusación, los imputados captaban a las víctimas con promesas de entrega de apartamentos y locales comerciales que nunca se materializaron, a pesar de que estas entregaron sumas millonarias de dinero.
Los fondos eran depositados en cuentas bancarias vinculadas a las compañías del entramado y a algunos de los imputados, y, posteriormente, dilapidados, sin que a la fecha las víctimas hayan recibido las unidades inmobiliarias adquiridas.
Los imputados enfrentan cargos por estafa, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos.
