El exprocurador Jean Alain Rodríguez atribuyó al Ministerio Público —y no a las defensas— los principales retrasos del proceso judicial que enfrenta desde 2021.
Rodríguez sostiene que las dilaciones del caso se deben a plazos vencidos por la acusación, entregas tardías de pruebas, errores en la presentación de evidencias y a la magnitud y desorden del expediente.
La comunicación fue remitida en respuesta a la publicación del 18 de noviembre de 2025 titulada El juicio de Jean Alain, cinco años y no comienza el fondo.
En ella, el exprocurador asegura que informaciones difundidas por el Ministerio Público y recogidas en notas recientes no reflejan «el contexto real» del proceso e inducen a error sobre la responsabilidad de los retrasos.
Rodríguez afirma que nunca ha solicitado reenvíos ni ha faltado a una audiencia, y rechaza que la etapa preliminar registrara 94 «aplazamientos» atribuibles a los imputados. Señala que se trató de recesos inevitables luego de jornadas de hasta 12 horas continuas, y que los pocos reenvíos por razones de salud de otros imputados o abogados fueron de un día y al final de sesiones ya agotadoras.
El exfuncionario cita dos decisiones judiciales que, afirma, respaldan su planteamiento. Una de enero de 2023, donde el juez de la preliminar estableció que las dilaciones provenían del Estado. Y otra de septiembre de 2025, cuando las juezas del juicio de fondo rechazaron nuevas acusaciones de retraso del Ministerio Público y expresaron estar «100 % convencidas» de la voluntad de los imputados de que el proceso avance.
En la carta también señala que el Ministerio Público habría dejado vencer plazos extraordinarios solicitados para presentar acusación, retrasó la entrega de pruebas de descargo pese a órdenes judiciales, depositó un disco duro defectuoso con archivos dañados y presentó un expediente de más de 12,000 páginas y 666,000 archivos que —sostiene— «resulta imposible de conocer» sin el tiempo necesario.
Añade además que la estrategia comunicacional de la acusación ha generado confusión en la opinión pública.
Rodríguez reiteró su disposición a que el proceso avance «con respeto al debido proceso».
