BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal de apelaciones de Argentina confirmó el martes los cargos contra el ex presidente de centro-izquierda Alberto Fernández por supuesto desfalco al Estado en la contratación de seguros para el sector público durante su mandato (2019-2023) y lo dejó al borde del juicio oral.
La Cámara Federal de Apelaciones de la Nación convalidó el procesamiento sin prisión preventiva del exmandatario de 66 años por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, castigado por el Código Penal argentino con una pena de uno a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El tribunal también trabó embargo sobre sus bienes de Fernández por el equivalente a 10 millones de dólares y le prohibió salir del país sin autorización.
El fallo difundido el martes fue en respuesta a las apelaciones interpuestas por la defensa de Fernández y de casi una veintena de exfuncionarios y empresarios vinculados al negocio de los seguros contra la investigación que llevó adelante un juez de primera instancia desde principios de 2024.
La justicia determinó que a partir de un decreto firmado por Fernández en diciembre de 2021 —en la mitad de su gestión— se impuso la obligación al sector público nacional de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de la empresa pública “Nación Seguros S.A.”, sin permitirse que se pueda contratar a otras empresas mediante una licitación pública.
El mismo decreto facultó a esa entidad a dar intervención a otras aseguradoras privadas en forma de coaseguro y ello habría permitido el direccionamiento de porcentajes de los contratos a las aseguradoras privadas que eran seleccionadas de forma arbitraria.
Estas resoluciones habrían dado lugar a que gran parte de las contrataciones contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios, los cuales se habrían beneficiado con la percepción de importantes comisiones.
Uno de los intermediarios más beneficiados fue Héctor Martínez Sosa, quien además es el esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero. Ambos también están acusados en el caso.
En calidad de productor asesor directo, Sosa percibió un equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por “Nación Seguros S.A.”
Para el tribunal de apelaciones, hubo “una participación directa de Fernández en el entramado de negociaciones y ejercicio de influencias”.
El fallo de este martes da luz verde al juez federal Sebastián Casanello, quien lleva la pesquisa, a elevar el caso a juicio oral.
No obstante, en la misma resolución, el tribunal le encomendó al magistrado profundizar la causa para establecer el circuito del dinero.
El expresidente no se pronunció sobre el fallo. Su defensa había planteado la nulidad del proceso por afectación de los principios de congruencia y de imparcialidad por parte del primer juez del caso, que fue desplazado.
Fernández también enfrenta otra causa por lesiones leves y graves y amenazas coactivas contra su expareja, Fabiola Yáñez. El fiscal del caso ya pidió la elevación a juicio del expediente.
