POR JIM GOMEZ
MANILA, Filipinas (AP) — El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., afirmó el jueves que muchos de los al menos 37 poderosos senadores, miembros del Congreso y empresarios adinerados implicados en un escándalo masivo de corrupción relacionado con proyectos de control de inundaciones estarían en la cárcel para Navidad, mientras intentaba calmar la indignación pública y las protestas en las calles.
Marcos dijo que una comisión independiente de investigación que creó ha presentado denuncias penales por malversación y corrupción y saqueo, un delito no excarcelable, contra los 37 sospechosos.
También se han presentado denuncias penales contra 86 ejecutivos de empresas constructoras y nueve funcionarios del gobierno por presuntamente evadir impuestos que suman casi 9.000 millones de pesos (152 millones de dólares).
Se ha atribuido a la corrupción una sucesión de proyectos de control de inundaciones de mala calidad, defectuosos o inexistentes en todo el país. Es un tema especialmente sensible en Filipinas, uno de los países de Asia más propensos a tifones mortales, inundaciones y fenómenos climáticos extremos.
El tifón Kalmaegi dejó al menos 232 muertos la semana pasada, principalmente en inundaciones repentinas, así como 125 desaparecidos en la región central del país.
El supertifón Fung-wong azotó el norte de Filipinas apenas unos días después, dejando al menos 27 muertos, dos desaparecidos y millones de personas afectadas por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.
“Sé que antes de Navidad, los casos de muchos de los que fueron nombrados se concluirán y terminarán en la cárcel”, afirmó Marcos.
Sin dar más detalles afirmó que se descubrirían más anomalías. Las denuncias son sólidas y pretenden recuperar los cuantiosos fondos robados, dijo.
“No presentamos casos por aparentar”, afirmó Marcos. “Presentamos casos para encarcelar a las personas”.
Marcos habló en una conferencia de prensa televisada para informar sobre el progreso en una campaña que prometió en julio en su discurso anual sobre el estado de la nación ante el Congreso.
El escándalo de corrupción ha desatado la indignación pública y protestas en las calles, incluida una planeada durante tres días a partir de este fin de semana y otra el 30 de noviembre.
La vicepresidenta, Sara Duterte, quien ha tenido una amarga disputa política con Marcos, dijo que el presidente también debería rendir cuentas por firmar el presupuesto nacional de 2025, que incluía asignaciones para proyectos de infraestructura afectados por las irregularidades.
“Tiene una gran deficiencia en su trabajo para la nación, por lo que puede meterse él mismo en la cárcel”, dijo Duterte a los periodistas el jueves.
El Consejo Antilavado de Dinero del gobierno ha emitido siete órdenes para congelar los activos de los sospechosos de corrupción, incluidas 1.671 cuentas bancarias, 144 propiedades inmobiliarias, 244 vehículos y otros activos por valor de 6.300 millones de pesos (107 millones de dólares), dijo Marcos.
Al menos 13 autos y camionetas de lujo de sospechosos, incluidos modelos europeos y británicos de alta gama, han sido incautados por la Oficina de Aduanas por diversas infracciones y siete autos han sido puestos a subasta pública.
“Será una señal importante, una señal saludable, ver que de verdad empiezan a entrar personas en la cárcel por el robo de propiedad pública”, dijo el embajador de Dinamarca en Filipinas, Franz-Michael Mellbin, en un foro empresarial en Manila donde se comentaron las irregularidades en el control de inundaciones.
El mes pasado, funcionarios filipinos inauguraron una nueva cárcel que podría albergar a sospechosos de corrupción cuando se sometan a juicio.
La cárcel en la ciudad suburbana de Quezón podría albergar hasta 800 detenidos y los funcionarios prometieron que los políticos poderosos no recibirían ningún trato especial.
Entre los proyectos de infraestructura que estaban siendo investigados por posibles anomalías se encontraban 9.855 proyectos de control de inundaciones por un valor de más de 545.000 millones de pesos (9.000 millones de dólares) que se suponía debían haberse llevado a cabo desde que Marcos asumió el cargo a mediados de 2022.
En septiembre, el secretario de Finanzas Ralph Recto dijo a los legisladores que hasta 118.500 millones de pesos (2.000 millones de dólares) para proyectos de control de inundaciones podrían haberse perdido debido a la corrupción sólo desde 2023.
Entre los implicados se encontraban legisladores opuestos y aliados de Marcos, incluido el expresidente de la Cámara de Representantes Martin Romualdez, primo y aliado clave del presidente, quien ha negado cualquier irregularidad.
Algunos aliados del expresidente Rodrigo Duterte, un crítico acérrimo de Marcos, también han sido sospechosos.
“Nadie es inmune. Nadie estaría exento en estas investigaciones”, dijo Marcos.
