La reforma para erradicar los feminicidios
Por Carolina Mejía
El pasado lunes 13 de octubre tuve el privilegio de asistir a un acto trascendental para nuestro país. Allí, entre voces diversas unidas por un mismo propósito, se presentó la iniciativa «Déjala Ir», una reforma integral que busca dar respuesta a una de las tragedias más dolorosas que vivimos: los feminicidios y filicidios.
Fue un encuentro cargado de emoción, compromiso y esperanza. Lo que estaba en juego no era un proyecto más, sino el reconocimiento formal de que enfrentamos un problema profundo y urgente.
En ese espacio no se respiraba política ni intereses particulares. Se sentía el clamor de un pueblo que dice basta, la convicción de que no podemos seguir aceptando como normal que tantas mujeres sean asesinadas y tantos niños queden huérfanos cada año.
«Déjala Ir» es mucho más que un conjunto de leyes: es un pacto nacional que nos convoca a todos y nos recuerda que la dignidad de la vida es la primera responsabilidad de una sociedad.
Durante años, la República Dominicana ha estado entre los países con las tasas más altas de feminicidios en la región. Cada mujer asesinada no representa solo una tragedia familiar; es una herida que nos marca como nación, una cicatriz que revela nuestras fallas colectivas. No hemos protegido a nuestras mujeres ni a sus hijos, y tampoco hemos impulsado la necesaria reeducación de los hombres.
Por eso, «Déjala Ir» no es una ley más. Es una propuesta integral que combina medidas preventivas, judiciales y sociales como punto de partida para un cambio cultural profundo.
Su objetivo es claro y ambicioso: reducir los feminicidios en un 30 % para 2030 y erradicarlos para 2035. Es un pacto de esperanza que nos desafía a todos —Estado, sociedad y ciudadanía— a asumir un nuevo compromiso con la vida.
El problema es complejo y de raíces profundas: el machismo estructural que arrastramos por generaciones, la dependencia económica que atrapa a tantas mujeres y la crisis de salud mental que aún permanece invisible y silenciada. No basta con aprobar leyes; debemos transformar la cultura, sanar las heridas y ofrecer caminos nuevos hacia la igualdad y el respeto.
Lo valioso de esta iniciativa es que no se queda en declaraciones. Plantea metas claras, medibles y transparentes. Cada caso será analizado, cada falla revisada y cada vida perdida convertida en lección para no repetirla.
Entre sus innovaciones destacan los tribunales especializados en género, con jueces formados en la materia; el uso de brazaletes electrónicos para garantizar protección real; y programas de empleo, crédito y capacitación para mujeres en riesgo o en proceso de reconstruir su independencia.
En nuestro país ya existen ejemplos que muestran el camino. El programa «Ciudad Mujer», en Santo Domingo Oeste, ha demostrado que cuando se concentran servicios de salud, justicia, educación y apoyo económico en un mismo espacio, muchas mujeres logran salir adelante y recuperar su vida.
Del mismo modo, el Centro de Atención Integral a la Violencia de Género de Santiago ha evidenciado cómo el trabajo coordinado entre instituciones puede salvar vidas.
En el Distrito Nacional también se reflejan avances concretos en la atención directa a víctimas. Actualmente operan dos casas de acogida bajo gestión estatal, con funciones diferenciadas: la Casa de Acogida de Emergencia, enfocada en atención inmediata y temporal para casos urgentes, y la Casa de Acogida Modelo, orientada a procesos más prolongados de recuperación y autonomía personal.
Entre 2020 y 2025, estas instalaciones han ofrecido apoyo y refugio a cerca de 1,900 mujeres y sus dependientes, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del total nacional.
Las cifras nacionales muestran una expansión sostenida: de 880 casos en 2020, cuando existían solo tres casas operativas, a 1,781 en 2023, tras la inauguración de doce nuevas sedes que elevaron la cobertura a más de quince refugios activos en todo el país.
Durante este período se fortalecieron las líneas de emergencia (212), los servicios psicológicos y legales, y los programas de capacitación laboral.
Desde 2024, además, se implementa un componente de reparación económica postrefugio, que apoya la reintegración social y la independencia financiera de las sobrevivientes. Estas casas de acogida representan hoy un espacio real y simbólico de protección y esperanza, donde la acción institucional coordinada salva vidas y restituye dignidades.
Fuera de nuestras fronteras también encontramos experiencias inspiradoras. En España, la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, logró en menos de una década una reducción significativa de feminicidios gracias a tribunales especializados, pulseras electrónicas y acompañamiento psicológico y económico.
En México, los Centros de Justicia para las Mujeres han permitido que decenas de miles de sobrevivientes reciban atención jurídica, médica y social en un mismo espacio, demostrando que la articulación institucional sí transforma realidades.
No podemos olvidar los casos dolorosos de nuestro propio país, muchos de los cuales pudieron evitarse. Hace apenas unos meses, en San Pedro de Macorís, una joven madre de dos hijos fue asesinada por su expareja pese a haber interpuesto varias denuncias.
Con una ley como «Déjala Ir», esa mujer habría tenido acceso a protección tecnológica inmediata, a un juez especializado que escuchara sus advertencias y a un sistema de apoyo económico que le permitiera romper definitivamente con su agresor. Cada historia como esa nos obliga a actuar con más decisión.
Estoy convencida de que el mayor legado que podemos dejar a las generaciones futuras no son obras materiales ni cifras de crecimiento económico, sino una sociedad capaz de proteger la vida y la dignidad de todos sus ciudadanos.
No habrá verdadero progreso mientras cada año una parte de nuestra población sea diezmada por una violencia evitable que deja a miles de niños en la orfandad emocional y económica.
Por eso, felicito de corazón a todas las legisladoras que han asumido esta decisión histórica, sin banderías políticas ni intereses particulares, sino con la responsabilidad de enfrentar hechos que nos laceran como nación.
Es la unión más amplia de mujeres en la historia del Congreso Nacional: más de setenta legisladoras de todos los partidos han decidido dejar a un lado sus diferencias para levantar una sola bandera —la de la vida.
«Déjala Ir» no es solo una iniciativa legal; es una expresión de amor, valentía y responsabilidad colectiva. Confiamos en que pronto sea ley.
Porque solo unidos podremos decir, con firmeza y esperanza: basta ya. Déjala ser. Déjala ir.
