MONTEVIDEO (AP) — La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó el miércoles la ley que regula la eutanasia, luego de que Ecuador y Colombia ya autorizaron este procedimiento en América Latina.
El proyecto de ley —que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de agosto— recibió 20 votos a favor y 11 en contra en la cámara alta de un total de 31 posibles, cinco años después de que el país sudamericano de 3,5 millones de habitantes empezó a debatirlo, generando el rechazo de grupos católicos y otros sectores conservadores.
Con la aprobación de ambas cámaras la norma queda sancionada, y ahora sólo resta la reglamentación del poder ejecutivo para que se implemente. Se da por hecho el visto bueno del gobierno, que ya puso en funcionamiento la ley de cuidados paliativos.
En el caso de la votación de los diputados en agosto, esta se dirimió por 64 sufragios a favor y 29 en contra.
El proyecto de ley sobre la muerte digna fue presentado este año por diputados del oficialista Frente Amplio, y la Comisión de Salud de la cámara baja lo aprobó en julio.
En 2022 una iniciativa similar naufragó tras quedar estancada en el Senado.
“Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida, cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito, por lo que no se debe despenalizar a nadie”, argumentó el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio.
En Colombia la eutanasia para pacientes terminales es legal desde 1997, pero recién en julio de 2021 fue autorizada por la Corte Constitucional para ser aplicada en aquellos que padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico causado por una lesión corporal o enfermedad grave e incurable, sin haber sido diagnosticados en fase terminal.
En el caso de Ecuador, su Tribunal Supremo la despenalizó en 2024 en respuesta a la demanda de una mujer con una enfermedad terminal.
En Uruguay, el objeto de la ley es “regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen”, y habilita una muerte “indolora, apacible y respetuosa” a quienes así lo deseen, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.
Los pacientes que opten por el procedimiento deben ser mayores de edad, estar psíquicamente aptos y cursar “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o padecer “sufrimientos que resulten insoportables”, añade el texto aprobado.
Asimismo, sólo podrán acceder a la eutanasia ciudadanos uruguayos o extranjeros que acrediten residencia fehaciente en el país, y los solicitantes deberán recibir el aval de al menos dos profesionales de la salud.
El senador Martín Lema, del conservador Partido Nacional y opositor al proyecto, enfatizó no estar “dispuesto a entregar ese valor de lo que es la defensa de la vida”, y cuestionó: “Hablamos de salud mental, pero acá no hay ninguna garantía ni pericia psicológica ni psiquiátrica para valorar la salud mental de quien está en una situación delicada y pide la eutanasia”.
Si bien Uruguay cuenta desde 2013 con una reglamentación que permite que pacientes terminales se opongan a recibir tratamientos médicos que prolonguen su vida, la eutanasia y el suicidio asistido estaban prohibidos y se les consideraba un delito de “homicidio piadoso”, según el Código Penal.
En el mundo, un reducido grupo de países permiten la muerte asistida, entre ellos Bélgica, Canadá, Holanda, España y algunas partes de Australia y Estados Unidos, entre otros.
En 2022, cuando el Parlamento uruguayo debatía el proyecto que naufragó, un 77% de los uruguayos se mostraron de acuerdo con la ley en determinadas circunstancias, según una encuesta del Portal de Análisis Político, Opinión Pública y Estudios Sociales Factum.
