Las diputadas que impulsaron y depositaron el proyecto de ley sobre protección integral a víctimas de violencia y coerción reproductiva dieron marcha atrás y eliminaron del texto la polémica disposición que permitía al presidente considerar un «indulto anticipado» para los médicos que practicaran abortos a niñas embarazadas víctimas de violaciones sexuales.
La pieza, firmada por la diputada perremeísta Margarita Tejeda y respaldada por otras 35 congresistas, se había presentado originalmente como una alternativa a la prohibición legal del aborto en el país, pero fue desechada tras la publicación de Diario Libre que detallaba la iniciativa de ley agrupada en el plan «Déjala Ir».
La nueva redacción, incluida en el artículo 14, establece de forma explícita: «La presente ley no crea causales, excepciones, eximentes, atenuantes, indultos, amnistías, gracias ni mecanismos de no persecución penal respecto del aborto».
La pieza ahora establece que en los casos de niñas o adolescentes embarazadas por violación o incesto, el Ministerio de Salud y el Ministerio Público deberán informar que la interrupción del embarazo «no procede por estar prohibida por la ley penal», pero deberán activar una ruta de protección integral para la menor.
Esa ruta incluirá atención médica, apoyo psicológico especializado, acompañamiento legal, continuidad educativa y, de ser necesario, orientación sobre alternativas como la adopción, además de medidas de protección frente al agresor.
La modificación a la pieza aún no ha sido formalizada en la Cámara de Diputados, pero las legisladoras proponentes prometieron que la nueva redacción será la que se estudiará en comisiones.
Originalmente, la propuesta presentada proponía que el presidente estuviera facultado para considerar decisiones humanitarias, como un indulto anticipado, al personal médico que practicara abortos a niñas embarazadas víctimas de violaciones o incestos.
La redacción original del proyecto establecía que el presidente de turno debía considerar alguna alternativa para que no se penalizara a quienes practicaran abortos a niñas «para preservar su salud mental» tras episodios como un embarazo originado por una violación sexual.
El proyecto de ley, que ahora será modificado, está agrupado en un conjunto de 18 iniciativas que busca disminuir la violencia contra las mujeres y acabar con los feminicidios en un plazo de diez años.
