Más de 43 mil reclamaciones sin respuesta y 70% fuera de plazo delatan ineficiencia y falta de transparencia.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció el preocupante nivel de ineficiencia y falta de transparencia que exhibe la Dirección de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM), entidad responsable de velar por los derechos de los usuarios del servicio eléctrico nacional.
De acuerdo con el informe oficial correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2025, PROTECOM acumula más de 43,000 reclamaciones sin respuesta, una cifra récord que pone en evidencia el deterioro institucional del organismo.
“Peor aún, más del 70% de esos casos se encuentran fuera de los plazos legales establecidos por la Ley General de Electricidad No. 125-01, lo que constituye una clara violación a los derechos de los consumidores” denunció Martin Matos, titular de la secretaria de Energía y Minas del PLD.
Deploró que, a pesar de contar hoy con más personal analista, PROTECOM tenga menor capacidad de respuesta, generando un cuello de botella que afecta directamente a miles de familias dominicanas.

“Esto es un abuso que golpea de frente al pueblo. Si un usuario presenta una reclamación y PROTECOM se toma más de 30 días para responder, todo ese tiempo se le cobra en mora. Es decir, el ciudadano termina pagando más por esperar que por lo que realmente reclama”, manifestó un dirigente del sector energético del PLD.
Según el informe institucional, sólo entre julio y septiembre de 2025, PROTECOM recibió 27,090 nuevas reclamaciones, mientras que apenas logró emitir 16,989 decisiones, lo que ha provocado que el número de casos en trámite siga creciendo mes tras mes, superando las 43 mil reclamaciones acumuladas.
El PLD advierte que esta situación refleja la falta de supervisión y el descuido del actual gobierno del PRM, que ha permitido el colapso de una de las principales instancias de defensa de los consumidores eléctricos.
Finalmente, el Partido de la Liberación Dominicana, por intermedio de su Secretaría de Energía y Minas, reitera su compromiso de defender los derechos de los usuarios, exigir el cumplimiento de la ley y promover una gestión pública eficiente, transparente y verdaderamente orientada al servicio ciudadano.
“El pueblo dominicano merece instituciones que respondan con eficacia y respeto, no entidades burocráticas que agraven los problemas del usuario”, concluye el comunicado.