El proyecto para renovar de manera masiva la cédula de identidad y electoral durará un año, pero el contrato para suplir los equipos y servicios necesarios se ha firmado por una década, tiempo en que la Junta Central Electoral (JCE) acostumbra a cambiar el formato del documento.
La cédula actual será sustituida precisamente por considerarse que su tecnología de diez años de antigüedad se volvió accesible y fácil de replicar para los falsificadores. El contrato para su impresión se rubricó por ese mismo período con la empresa Copy Solutions Internacional.
A su vez, la JCE se comprometió a seguir “girando órdenes de compra” durante este plazo para la adquisición de equipos, materiales y servicios con las mismas especificaciones que los adjudicados inicialmente.
Lo anterior significa que el monto adjudicado en la licitación, por 3,361.5 millones de pesos, es una partida inicial que seguirá aumentando a lo largo de una década, lo que explica en parte la suma de 6,000 millones de la que habló Román Jáquez, presidente de la JCE.
En el convenio se estipuló que, si la demanda de plásticos supera los ocho millones licitados, Emdoc deberá suplir las cantidades adicionales requeridas por la JCE durante esos 10 años al mismo costo unitario de 156 pesos, ajustables según la inflación bajo la cláusula de “equilibrio económico”.
Lo mismo sucedería con la cédula digital, lo cual deja abierto un amplio margen para agrandar el contrato pues la JCE solo requirió la producción de 800 mil a un costo de 261 pesos cada una.
El soporte técnico que se presupuestó por dos años para las impresoras y demás equipos y softwares también podrá extenderse “para los años posteriores” a los mismos precios acordados originalmente, también actualizables según la inflación.
Esos servicios de mantenimiento han sido valorados en el convenio en 144.4 millones de pesos.
Las 214 máquinas de impresión de la marca Mühlbauer, modelo CLP 60, tendrán una garantía de fábrica de cinco años, la cual cubrirá repuestos originales y soporte técnico en centros de cedulación de República Dominicana, Nueva York y Madrid. Cada una costará casi cinco millones de pesos, más de mil millones en total.
La duración del contrato implicará para Emdoc la obligación de mantener y actualizar sus certificaciones, estándares de seguridad y calidad. Al mismo tiempo, la JCE deberá aceptar los aumentos de precios.
“Las partes tienen derecho a procurar el restablecimiento del equilibrio económico y financiero del presente contrato con sus correspondientes ajustes, para mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras del mismo durante toda su ejecución, siempre que la causa de la ruptura no sea imputable a la parte que reclama la afectación”, reza el artículo 10.
Esta disposición es común en las contrataciones públicas y tienen el objetivo de que las empresas contratistas aseguren sus ganancias frente a los cambios de costos por materiales y mano de obra.
Emdoc deberá transferir a la JCE todos los conocimientos que le permitan operar, mantener y auditar de manera autónoma los dispositivos comprados, y deberá entrenar a sus capacitadores para que puedan replicar el conocimiento al resto de la organización.
“La transferencia incluirá, además de las capacitaciones presenciales obligatorias, la entrega de documentación técnica detallada, manuales de operación y mantenimiento, configuraciones de sistemas, kit de desarrollo, códigos fuente y/o acceso al mismo, políticas de seguridad, planes de continuidad y recuperación ante desastres”, indica el artículo décimocuarto.
Propiedad de datos
La JCE ha dejado claro en el contrato que mantendrá la propiedad, control, administración y custodia de todos los datos “generados, tratados o almacenados”.
Esto incluye datos personales, biométricos, demográficos, registros de identidad, metadatos asociados y cualquier información vinculada a la emisión y gestión de la cédula.
“El consorcio Emdoc reconoce y acepta que no tendrá derecho alguno de propiedad, copia, retención o transmisión de dichos datos, salvo lo estrictamente necesario para la instalación y soporte de los equipos y sistemas contratados, y siempre bajo la supervisión y autorización expresa del contratante”, precisa.
Todo software, framework o aplicación suministrada por Emdoc, incluyendo el correspondiente a la cédula de identidad digital, deberá ser implementado de modo que los datos residan exclusivamente en la infraestructura de la JCE y bajo su supervisión.
El adjudicatario también está obligado a mantener estricta confidencialidad sobre toda información, documentación, configuraciones técnicas, referencias de equipos, especializaciones de seguridad, procedimientos de producción, así como cualquier otro dato al que tenga acceso, durante diez años después de la finalización del contrato.
Los responsables
Los responsables del proyecto serán, por parte de la JCE, Vesalio Américo Rodríguez de León, director nacional de Cedulación; y por parte de Emdoc, Yorlín Yassiel Reyes Miranda, gerente de su oficina, ubicada en el octavo piso de la Torre Friusa, en la avenida 27 de Febrero con Tiradentes.
El conglomerado de empresas designó a Leda Andrea Gómez Martínez como su gerente legal.
