El presidente Luis Abinader reiteró este lunes que durante su gestión no se aceptarán actos de corrupción y que harán «desaparecer la impunidad».
El mandatario se expresó en estos términos durante LA Semanal con la Prensa, realizada en Santiago, al ser preguntado sobre un informe que señala que Senasa pagó más de 500 millones de pesos por vacunas que originalmente eran provistas de manera gratuita por Salud Pública y qué medidas tomará su Gobierno para que este tipo de prácticas no se repitan.
«Nosotros entregamos al Ministerio Público ese expediente (Senasa) para que ellos hagan todas las investigaciones de lugar y vamos a esperar ese resultado», dijo.
Agregó: «Lo que el Gobierno tiene que hacer, lo que hemos prometido y estamos cumpliendo es que no aceptamos actos de corrupción y que vamos a desaparecer la impunidad que, por décadas, por años, siempre existió aquí, aún sea con acciones del propio Gobierno».
Afirmó que los resultados de la investigación del órgano persecutor proporcionarán la información necesaria para implementar medidas correctivas que eviten la repetición de un caso como este en el futuro.
Irregularidades en Senasa
Una de las principales irregularidades detectadas en el seguro estatal apunta a la autorización de más de 4,000 procedimientos médicos que nunca fueron realizados, pero que sí fueron facturados.
De igual manera, se cuestiona el modelo de contratos bajo pagó capitado, que compromete cuantiosas sumas mensuales para la atención de más de medio millón de afiliados, sin que exista una fiscalización suficiente de los servicios ofrecidos.
Otro de los aspectos señalados ha sido el crecimiento de la nómina institucional, que pasó de 1,408 empleados en 2020 a casi 2,000 en 2024. A esto se suma la apertura de oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico con elevados costos operativos, funciones que anteriormente eran asumidas por los consulados dominicanos.
Paralelamente, el régimen subsidiado de Senasa acumula un déficit estimado en más de 3,300 millones de pesos y mantiene una mora con proveedores que ronda entre 44 y 46 por ciento, muy por encima del nivel de 1 % que registraba en 2020.
También han surgido cuestionamientos sobre contratos adjudicados a prestadoras privadas por montos elevados sin que exista certeza sobre la calidad o cantidad de servicios brindados.
A estas denuncias se suman reclamos constantes de afiliados que aseguran sufrir largas esperas para obtener citas médicas y retrasos en la entrega de medicamentos básicos. Incluso, al menos un contrato fue rescindido tras denuncias ciudadanas.
