CARACAS (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirmó el martes su competencia para monitorear la situación de los derechos humanos en Venezuela, señalada de represión y arresto arbitrario de opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
En un comunicado fechado en Washington la CIDH indicó que puede “recibir y tramitar peticiones y casos y otorgar medidas cautelares”.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dedicado a supervisar y promover el respeto a los derechos humanos en las Américas.
Venezuela resolvió hace años retirarse unilateralmente de la OEA, pero aun así su secretario general y el Consejo Permanente del organismo han abordado en reiteradas oportunidades la situación del país bajo el argumento de que ayudan con la democracia en el hemisferio.
En el escrito, la CIDH informó que solicitó al gobierno venezolano “la anuencia para realizar una visita in loco (en el lugar de los hechos) en el último trimestre de 2025, a fin de observar de primera mano la situación de derechos humanos y, especialmente, las condiciones de las personas privadas de libertad “en el Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
El Helicoide de Caracas es un antiguo centro comercial modernista convertido en una instalación que alberga a los principales opositores al gobierno.
“En Venezuela, las instituciones encargadas de promover y proteger la democracia y los derechos humanos carecen de independencia”, acotó el comunicado. “Por ello, la Comisión reafirma su indeclinable compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos” en el país sudamericano.
El gobierno de Maduro ha negado repetidamente que haya habido violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Pero organizaciones humanitarias locales e internacionales, así como expertos independientes en derechos humanos de Naciones Unidas, llevan años reportando violaciones, incluidos supuestos crímenes contra la humanidad, bajo el mandato de Maduro.
La Corte Penal Internacional, por su parte, tiene una investigación en curso sobre la violencia posterior a las elecciones de 2017, pero hasta ahora no ha solicitado ninguna orden de arresto.
