Tras un efímero recorrido de siete días en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que incrementa en más de 10,627 millones de pesos el tope de autorización del Ministerio de Hacienda y Economía para emitir y colocar valores de deuda pública durante este año.
Con esta ley se modifica la 90-24, de modo que, en lugar del límite de 350,990.4 millones de pesos, el Poder Ejecutivo podrá emitir y colocar valores de deuda pública por 361,618.2 millones, lo que representa 10,627.8 millones de pesos adicionales al monto previamente autorizado.
En la sesión de este martes 16 de septiembre, la iniciativa fue declarada de urgencia y aprobada en dos discusiones consecutivas, al igual que ocurrió ayer en el Senado de la República.
La legislación tiene el propósito de modificar los artículos 3 y 10 de la Ley 90-24, para establecer el monto aprobado mediante la Ley 86-25 y adecuar el procedimiento para la administración de pasivos a la normativa vigente.
La primera discusión fue aprobada por mayoría simple, y la segunda, por mayoría calificada, con 111 votos a favor y 22 en contra. Durante la sesión se leyó el proyecto de ley y el informe favorable del Senado, que fue tomado como parámetro de referencia.
La ley deberá pasar al Poder Ejecutivo para los fines de su promulgación y publicación.
«No es más que un préstamo»
Posterior a la lectura de la iniciativa, varios legisladores de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD) arremetieron contra la pieza, al considerarla un instrumento más para aumentar la deuda pública.
La discusión se tornó acalorada entre los diputados del oficialismo y la oposición.
Como representantes de los partidos opositores se expresaron Tobías Crespo, Antonio Brito, Ydenia Doñé, Alcibíades Tavárez, Danilo Díaz y Carlos de Pérez.
En sentido general, la oposición criticó el nivel de endeudamiento y la ejecución presupuestaria del Gobierno.
«Lo que nosotros esperamos es que estos casi once mil millones de pesos no se usen para tapar la mafia de Senasa. Nosotros no podemos permitir que, después de que unos funcionarios quiebran una institución, se les transfiera este dinero», dijo Crespo en su turno, que fue el primero de la discusión.
En cambio, el diputado de La Romana Wandy Batista afirmó que no se trataba de un préstamo adicional y que gran parte de esos fondos se destinarían a redimir valores de deuda ya vencida.
«Bajo ninguna circunstancia se trata de un préstamo, si se ejecuta esa emisión de valores se generará un dinero que hay que pagar, pero no todo dinero que hay que pagar es fruto de un préstamo», añadió.
El comentario de Batista que encendió a los peledeístas y fuerzapueblistas fue: «Por primera vez no solo se combate la corrupción, el Gobierno no es cómplice».
Tras siete participaciones y 25 minutos de dimes y diretes, en los que predominaron los argumentos de la oposición, el vocero del PRM, Amado Díaz, solicitó un turno para pedir al pleno el cierre del debate.
Justificación del Gobierno
En la carta remitida al Congreso, el presidente Luis Abinader justificó la necesidad de la medida señalando que «responde a la expansión del gasto de capital prevista en la modificación del Presupuesto General del Estado 2025″ y que se ajusta a una política fiscal contracíclica orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional, dinamizar la economía nacional y promover un crecimiento sostenible, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas».
