Con la Excepción en Compras Públicas se incluye también la contratación de consultores, asesores y servicios jurídicos y financieros, denuncia la Jurista Yulibelys Wandelpool
La abogada especialista en Derecho Administrativo y compras públicas, Yulibelys Wandelpool, quien es integrante del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), advirtió que debe evaluarse si la declaratoria de emergencia nacional en el sector eléctrico establecida mediante el Decreto 517-25 califica realmente como emergencia en los términos establecidos por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento de aplicación (Decreto 416-23).
Wandelpool, analizó el alcance jurídico de esta situación, indicando que la medida busca garantizar la continuidad del suministro de energía, evitar apagones y permitir que las distribuidoras y generadoras ejecuten proyectos de expansión y fortalecimiento de la red. Sin embargo, la jurista
“No toda dificultad operativa o financiera es una emergencia legal. El marco jurídico busca equilibrar rapidez y transparencia. Si usamos las compras de emergencia como atajo, podemos debilitar la competencia y la confianza en el sistema”, afirmó en un artículo publicado en Diario Libre y Vanguardia del Pueblo
La especialista recordó que las compras de emergencia son un procedimiento de excepción regulado en el Artículo 6, Numeral 1 de la Ley 340-06, que permite obviar los procesos ordinarios de licitación solo cuando concurren hechos de fuerza mayor o situaciones de seguridad nacional que no admitan demora.
El Reglamento 416-23 (Art. 52) agrega que estas compras deben responder a circunstancias graves e inminentes, como catástrofes naturales, crisis sanitarias o desabastecimientos que pongan en riesgo la economía o la vida de las personas.
Además, deben cumplir con cuatro condiciones básicas: Hecho sobreviniente y extraordinario.
Urgencia incompatible con la licitación ordinaria; Proporcionalidad en el alcance de la contratación; Justificación documentada y publicación en el SECP dentro de 15 días hábiles, con rendición de cuentas a la Contraloría y Cámara de Cuentas.
Uno de los puntos que más llamó la atención de la jurista es que la declaratoria no solo contempla la compra de equipos e infraestructura, sino también la contratación de consultores, asesores y servicios jurídicos y financieros.
“Una consultoría es una herramienta de planificación que genera resultados a mediano plazo. Si estamos contratando consultores por vía de emergencia, el mensaje es que hay un déficit de capacidad técnica en el Estado que debemos atender con urgencia”, puntualizó Wandelpool.
Wandelpool insistió en que garantizar la energía es una prioridad, pero que la excepción no debe convertirse en la regla.
“La verdadera política pública no es improvisar cada vez que hay presión sobre el sistema, sino planificar con visión de largo plazo y fortalecer las instituciones. Solo así reduciremos la dependencia de medidas de excepción”, concluyó.
Finalmente, hizo un llamado de atención sobre la tendencia de justificar decisiones en crisis pasadas: “No podemos seguir amparándonos en la pandemia de 2020 o en la guerra de Rusia y Ucrania de 2022 para tomar medidas excepcionales en 2025. Si normalizamos estas justificaciones, debilitamos la institucionalidad y perpetuamos la improvisación”, advirtió.
