Personas de todos los ámbitos continúan acudiendo a la justicia en procura de una sanción contra Aquiles Jiménez, a quien señalan de agraviar su honra a través de las redes sociales.
Hasta ayer miércoles, en el Departamento de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional reposaban contra Jiménez 23 querellas por difamación e injuria.
La última querella contra Jiménez que salió a relucir es la interpuesta por la periodista Alicia Ortega y su esposo Fernando Hasbún, por cuyo caso se le impuso el pasado lunes una garantía económica de 1.5 millones de pesos e impedimento de salir del país.
Otros que han optado por demandar a Jiménez son el empresario Pedro Juan Lama Haché y Plaza Lama, S.A., así como el presidente del Instituto de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara.
También se le suman la de la conductora radial Isaura Taveras y la de los periodistas Marino Zapete y Altagracia Salazar.
El creador de contenidos fue condenado en el 2022 por el delito que sus actuales persecutores alegan son víctimas. En ese entonces, fue hallado culpable de difamar e injuriar al ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla.
MP le pisa los talones
El pasado mes de julio, a Aquiles Jiménez el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso presentación periódica por el sometimiento que le hizo el Ministerio Público por circular en un vehículo con placa oficial no registrada y portar un chaleco antibalas sin ningún documento para hacerlo, en violación la Ley 631-16 sobre armas.
Ha sido objeto de varios allanamientos en el proceso de investigación del caso de la estafa al Estado a través del proyecto de modernización de los semáforos y por el cual se señala a Jochi Gómez y al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras.
