El Colectivo Pacto Educativo y el Foro Socioeducativo, integrado por 26 organizaciones de la sociedad civil, expresaron este miércoles su preocupación ante las recientes paralizaciones de docencia en las provincias San Juan y Bahoruco, situación que ha afectado a más de un centenar de escuelas.
Los paros han sido convocados por las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en esas provincias sureñas para que se dé respuestas a necesidades de las escuelas y situaciones relacionadas con nombramiento de persona y traslados de otros.
En un documento público, las entidades reconocieron el derecho del gremio a reclamar mejoras, pero advirtieron que la suspensión de clases afecta de manera directa a los estudiantes, especialmente a los de contextos más vulnerables.
«Reconocemos el derecho a ciertos reclamos laborales, pero no podemos aceptar que la infancia y la juventud dominicana sean rehenes de conflictos que no les corresponden», señalaron.
Derecho a la educación
Las entidades alertaron que se está «normalizando lo inaceptable»: niños, niñas y adolescentes que pierden semanas de clases sin garantías reales de recuperación, con consecuencias a largo plazo.
Recordaron que la Constitución dominicana establece, en su artículo 63, que la educación es un derecho fundamental y un servicio público esencial, y citaron precedentes del Tribunal Constitucional que otorgan primacía a ese derecho sobre el de la huelga en el sector público.
Llamados y propuestas
En su declaración, el colectivo hizo cinco solicitudes puntuales a distintas autoridades y sectores:
Llaman al Ministerio de Educación (Minerd) a publicar los datos actualizados sobre pérdida de horas y días de docencia, para que la sociedad conozca con claridad la magnitud del daño.
Exhortan al Defensor del Pueblo a ejercer de manera activa sus atribuciones legales, velando porque no se vulnere el derecho fundamental a la educación.
Proponen la creación de una «Cláusula de Garantía Estudiantil», que asegure la recuperación efectiva de las clases suspendidas, apoyo emocional y refuerzo pedagógico para los estudiantes afectados.
Invitan a las familias y comunidades escolares a sumarse a esta causa, no para confrontar a nadie, sino para «defender unidos el derecho de nuestros niños y niñas a recibir docencia sin interrupciones».
El Colectivo Pacto Educativo plantea la necesidad de activar una «Alerta Nacional de Riesgo Educativo» cada vez que se paralicen las clases, como instrumento simbólico y ciudadano para visibilizar las consecuencias de estas suspensiones y movilizar a la sociedad en defensa del derecho a aprender.
«La educación no puede ser rehén de disputas sectoriales. Es hora de colocar en el centro de la agenda pública a quienes más importan: nuestros estudiantes. ¡Ni un día más sin clases!», concluye el documento.
Entidades firmantes
Acción Empresarial por la Educación (Educa)
Alianza ONG
Centro Cultural Poveda
Centro de Formación Medioambiental (Ecobosco)
Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf)
Centro de Investigacion y Promocion Social (Cipros)
Centro Juan XXIII
Ciudad Alternativa
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso República Dominicana)
Fe y Alegría – República Dominicana
Foro Ciudadano
Foro Socioeducativo (FSE)
Fundación Inicia Educación
Instituto 512
Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISESP)
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec)
Misión Educativa Lasallista
Muchachos y Muchachas con Don Bosco
Plan Internacional
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm)
Repensar la Educación (RED)
Sector Escuela Salesiana (SES)
Unión Nacional de Escuelas y Colegios Católicos (Unecc)
Universidad Iberoamericana (Unibe)
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu)
World Vision
