El exdiputado y presidente del partido Opción Democrática (OD), José Horacio Rodríguez, aseguró este miércoles que el acuerdo logrado por el Ministerio Público para recuperar más de 3,000 millones de pesos, provenientes del fraude del cuñado del expresidente Danilo Medina, Maxy Montilla, es fruto de la movilización ciudadana de la Marcha Verde.
“Estos son los resultados de la Marcha Verde. Antes parecía que vivíamos en un país de impunidad total”, afirmó.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Rodríguez recordó que la Marcha Verde, que inició el 17 de enero de 2017, sorprendió al país al evidenciar los altos niveles de corrupción y logró movilizar a decenas de miles de personas en distintas provincias, incluyendo Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís, Barahona, Puerto Plata y San Francisco de Macorís.
“Cada peso que los políticos corruptos desvían afecta servicios esenciales como salud, educación, agua potable y transporte público. La Marcha Verde demostró que la ciudadanía organizada puede generar cambios”, dijo.
Caso de Amalia Pilarte: fruto de la movilización ciudadana
El dirigente político destacó que, además del caso Montilla, la exdiputada Amalia Pilarte de La Vega también ha sido condenada por lavado de activos, reforzando la importancia de la presión social en la lucha contra la impunidad, “esto también lo agregas a ese esfuerzo ciudadano de movilizarse”.
Rodríguez resaltó que este tipo de casos demuestra que “vivimos en un país donde los políticos y su entorno parecían intocables, y ahora vemos a un hermano de una ex primera dama que, con el simple hecho de devolverle al Estado más de 3,000 millones de pesos, está confesando haber malversado a gran escala fondos públicos”.
A pesar de los avances, el exdiputado expresó que aún hay mucho por hacer: “Uno desearía que la investigación a los delitos de corrupción abarque también al presente gobierno y a la presente gestión gubernamental.
Uno desearía que no solamente devuelvan lo que se robaron, sino que cumplan con las condenas que las leyes prevén, porque el apremio con la cárcel también debe servir como disuasivo para poder cometer este tipo de delitos”.
Caso de corrupción en el presente gobierno
Rodríguez destacó que aún en la actual administración existen denuncias de corrupción que requieren investigación. Sobre los permisos otorgados para el desarrollo inmobiliario en el Cinturón Verde del Gran Santo Domingo, afirmó: “Se denunciaba en estos días un caso que debe ser investigado para confirmar qué hay detrás y tiene que ver con los permisos que han sido otorgados para el desarrollo inmobiliario en el llamado Cinturón Verde del Gran Santo Domingo”.
El exdiputado cuestionó la clasificación de bajo impacto del proyecto y la posible influencia de funcionarios: “El permiso de impacto ambiental que se otorgó lo catalogaba como un proyecto de bajo impacto, cuando por la dimensión y la magnitud es un proyecto que no es de bajo impacto. Y uno se pregunta qué hay detrás cuando eso favorece de manera directa a un funcionario del actual gobierno”.
Peso de la ley debe aplicarse a funcionarios del Gobierno
Rodríguez enfatizó que la justicia debe ser imparcial frente a los casos de corrupción, independientemente del color político de los funcionarios implicados. Sobre denuncias como la del exministro de Educación Ángel Hernández, señaló:
“No conozco los detalles de esa acusación, pero sí creo que todo el peso de la ley debe caer, no solamente sobre los funcionarios de la pasada gestión administrativa que son adversarios políticos del presente gobierno, sino también en la actual gestión administrativa”.
Asimismo, agregó que los casos de malversación de fondos públicos deben ser investigados de manera objetiva: “No creo en una justicia que solamente pueda mirar hacia un solo color político, que vea una justicia imparcial, objetiva, que pueda abarcar todos los períodos administrativos de todas las gestiones del gobierno en los que ha habido malversación de fondos públicos”.
Viceministro de Vivienda involucrado en caso de corrupción
Rodríguez denunció que un actual viceministro del Ministerio de la Vivienda se ha visto involucrado en un caso reciente de corrupción. Según explicó, “ha sido denunciado por los vecinos de la zona, acá en la circunscripción del Distrito Nacional.
El exdiputado cuestionó el permiso ambiental otorgado para un desarrollo inmobiliario en el Cinturón Verde del Gran Santo Domingo, señalando que no corresponde a la magnitud del proyecto:
“El Ministerio de Medioambiente ha otorgado el permiso ambiental considerándolo de bajo impacto, pero cuando se van a construir 10.000 viviendas, por el tamaño y la magnitud de ese desarrollo inmobiliario, eso no califica como un proyecto de bajo impacto y están violando los propios reglamentos de medio ambiente”.
El dirigente destacó la posible implicación de tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito: “Uno se pregunta, ¿puede existir tráfico de influencia detrás? ¿Puede existir aprovecharse de la función pública que se ejerce para que una instancia pública también beneficie a un proyecto que le genera beneficio particular o enriquecimiento particular a un funcionario de este gobierno?”.
El exdiputado insistió en la importancia de la investigación judicial: “Eso debe ser investigado por la justicia, porque eso ha sido denunciado por los vecinos de ese proyecto en la circunscripción 2 del Distrito Nacional.
La investigación es la que debe determinar si deben ser llevados a un tribunal, pero nadie debe estar exento de una investigación”.
Obligación de presentación Jurada
Rodríguez también recordó la obligación de los funcionarios de presentar su declaración jurada de bienes: “Hasta hace pocos meses había una lista de funcionarios públicos que no habían hecho todavía su declaración jurada de bienes, que es una obligación de ley a los 30 días de asumir un cargo público.
El funcionario que no lo haya hecho está cometiendo una falta grave”.
Destacó la importancia de sancionar a quienes incumplen esta obligación: “Mientras fui diputado, propuse un proyecto de ley para que esto se sancione con la inhabilitación de poder volver a ejercer un cargo público, porque así nadie dejará de presentar su declaración jurada. No hay excusa para que ningún funcionario público deje de presentarla, ni para que no se apliquen las sanciones correspondientes a quienes no lo hagan”.
“Los avances que vemos hoy en la lucha contra la corrupción son logros de la ciudadanía movilizada y organizada. Debemos continuar vigilantes y exigir transparencia en todas las gestiones gubernamentales”, concluyó.
