Pasadas las 2:00 de la tarde de este domingo, el Ministerio Público depositó la solicitud de medidas de coerción contra los seis hombres detenidos en relación con el abuso sexual de una joven en Villa González, Santiago.
La audiencia para conocer la petición quedó pautada para el próximo miércoles, en el primer turno, según informaron fuentes fiscales.
La solicitud incluye, 18 meses de prisión preventiva para los imputados; que el proceso sea declarado caso complejo; imputaciones por asociación de malhechores, violación sexual y delitos electrónicos, en relación con la difusión del video del abuso en grupos de WhatsApp y redes sociales.
Origen del caso
El hecho ocurrió en marzo de este año, pero la víctima solo se enteró semanas después, cuando fue alertada de que los videos del abuso circulaban masivamente en redes sociales y grupos de mensajería.
Hasta el momento, seis personas han sido arrestadas y puestas a disposición del Ministerio Público: José Alfonso Rubiera Rodríguez (se entregó voluntariamente en Santo Domingo); Edwin Manuel Castro Guzmán (a) Guaro; Yamir Fernando Pérez Toribio (a) Ferere; Javier Eduardo Núñez Toribio (a) Bebe; Oniel Rafael Pichardo Martínez (a) Contreras; Delfry de Jesús Rodríguez (a) Yiyo.
La Policía Nacional confirmó que, además, existe un séptimo implicado prófugo, cuya captura continúa en curso.
Una amiga de la víctima ha sido interrogada, luego de que versiones extraoficiales indicaran que sería la persona que grabó las imágenes. Esta información sigue bajo investigación.
El director regional Cibao Central, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, recordó que la Policía solo ejecuta las órdenes de arresto emitidas por la Fiscalía: «Ese es un caso que está en proceso de investigación, lo tiene la Fiscalía. Nosotros simplemente ejecutamos las órdenes de arresto. Ya la Fiscalía se encargará de dar los detalles. Hemos apresado seis, hay un prófugo».
Posturas de defensa y juristas
El abogado Rómulo Sánchez, defensor de cuatro de los imputados, afirmó que los hechos habrían sido una relación consentida, aunque la Fiscalía mantiene la acusación por abuso sexual múltiple y asociación de malhechores.
Por su parte, el penalista Félix Portes calificó los hechos como atroces, indicando que constituyen tortura y barbarie según el Código Penal, y que podrían ameritar la pena máxima de 30 años.
Señaló que por los agravantes de drogamiento, violaciones múltiples y prolongadas, acción colectiva de los agresores, crueldad, humillación, difusión del video y daño irreparable a la dignidad humana.
Situación de la víctima
La joven continúa recibiendo atención psicológica y médica especializada, mientras la sociedad y las autoridades siguen de cerca el desarrollo del proceso judicial.
