Los detalles A pesar de que el Gobierno de Singapur prohibió la venta y el consumo de vapeadores en 2018, ahora, ha impuesto sanciones que pueden ser latigazos, multas o incluso penas de prisión para aquellos que los vendan, importen o consuman, con la posibilidad de endurecer las medidas en caso de hacer caso omiso.
Madrid, EFE.-. El Gobierno de Singapur, país con duras leyes contra las drogas, ha indicado que a partir del 1 de septiembre se castigará con hasta 20 años de prisión y un máximo de 15 golpes de vara a los proveedores de vapeadores que contengan etomidato, una sustancia con efecto anestésico.
«Los vapeadores se han convertido en una puerta de entrada para el abuso de sustancias», ha apuntado en un comunicado el ministro de Salud de la ciudad-Estado, Ong Ye Kung.
El primer ministro singapurense, Lawrence Wong, adelantó el lunes de la semana pasada la intención de reformar las medidas contra la venta y uso de vapeadores, prohibidos desde 2018.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertó el pasado marzo de la expansión en Europa del Este y el Sudeste de Asia de la venta de esta sustancia con fines médicos que es catalogada como un «anestésico general de acción corta».
«Muchas personas, especialmente jóvenes, empezaron a vapear pensando que estaba bien y que no era tan dañino como el tabaco, y luego (…) se adentraron en el abuso de sustancias, que es lo que estamos viendo ahora con el etomidato», remarcó Ong.
Para terminar con el uso de vapeadores, el ministro ha indicado que colocarán contenedores para depositar los dispositivos de manera voluntaria, antes de recurrir a medidas más estrictas.
«Los vendedores de vaporizadores con etomidato se enfrentarán ahora a hasta 10 años de cárcel y cinco azotes. Para los importadores, la pena es más grave: hasta 20 años de cárcel y 15 azotes», subrayó el ministro.
Mientras que a los consumidores, se les exigirá que asistan a programas de rehabilitación y serán multados con entre 388 y 544 dólares estadounidenses.
En el caso de continuar con el consumo o saltarse el programa, los castigos se irán endureciendo de manera progresiva hasta contemplar penas de un máximo de dos años de prisión.
Con estas medidas, Singapur se pone a la vanguardia contra el consumo de vapeadores y se posiciona como un país de referencia para, por ejemplo, Reino Unido que, desde junio, prohíbe la venta y suministro de vapeadores desechables.
