El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) presentó un informe que confirma su papel como principal garante de salud para la población adulta mayor en República Dominicana. Más de 1.2 millones de personas de 65 años o más —el 17% de su padrón— reciben cobertura médica a través de la institución.
La investigación “Vivir Mejor en Tiempos de Cambios: La Realidad del Adulto Mayor en el Aseguramiento en SeNaSa en el período 2020–2024” revela que el 8.3% de la población dominicana pertenece a este grupo etario, y que el 86% de ellos están afiliados a SeNaSa.
El director de la institución, doctor Santiago Hazim explicó que este tipo de investigación “nos ayudan a demostrar que todo lo que llega y entra a Senasa vuelve directamente a la población.
Estos datos nos permiten reevaluar las acciones que hemos venidos desarrollando y hacer los ajustes pertinentes de forma tal que podamos impactar a la población en el presente y en el futuro en materia de salud y cobertura”.
Apuntó que más allá de los servicios garantizados este tipo de herramientas contribuyen al fortalecimiento de las políticas públicas en los distintos estamentos gubernamentales.
Entre 2020 y 2024, el gasto autorizado para esta población registró incrementos anuales de hasta 15%. Los principales rubros de gasto corresponden al cáncer (RD$12,200 millones), las enfermedades cardiovasculares (RD$9,900 millones) y las endocrinas y metabólicas como la diabetes (RD$6,400 millones).
El 94% del gasto en adultos mayores se concentra en 13 grupos de enfermedades, con una fuerte participación de clínicas privadas (25%), proveedores farmacéuticos (15%) y centros de alto costo (13%). Esta concentración plantea desafíos para la equidad y el acceso oportuno a los servicios.
El envejecimiento poblacional y la alta prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas demandan tratamientos costosos y atención especializada, lo que presiona la estabilidad financiera del sistema de salud.
SeNaSa propone fortalecer la atención primaria, ampliar unidades especializadas en geriatría, optimizar la red de prestadores y establecer rutas clínicas para el manejo de enfermedades prevalentes, con énfasis en prevención y detección temprana.
El informe concluye que mantener la cobertura a adultos mayores exige una planificación basada en evidencia, políticas diferenciadas por tipo de afiliación y un equilibrio entre calidad de atención, equidad territorial y viabilidad financiera a largo plazo.
