EE. UU. elevó a 50 millones la recompensa por el gobernante venezolano
Washington – Las autoridades de Estados Unidos anunciaron la incautación de activos valorados en más de 700 millones de dólares vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, entre los que se incluyen propiedades en la República Dominicana.
Entre los bienes confiscados figuran varias residencias en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos de lujo, joyas, grandes sumas en efectivo y dos aviones privados.
En territorio dominicano destaca la ocupación de una mansión de alto valor, conocida como Villa La Caracola, ubicada frente a Playa Juanillo, en Cap Cana, uno de los enclaves más exclusivos del país.
La operación se enmarca en una ofensiva internacional destinada a desmantelar lo que Washington describe como una estructura de crimen organizado asociada al círculo de poder de Caracas, señalada por delitos de narcotráfico, corrupción y blanqueo de capitales.
Según la procuradora general estadounidense, Pam Bondi, se trata de un esfuerzo sostenido para golpear el patrimonio y las redes logísticas que sostienen al régimen venezolano fuera de sus fronteras.
En paralelo, el Gobierno norteamericano elevó hace apenas 48 horas a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, la cifra más alta ofrecida por Estados Unidos para la captura de una sola persona.
El nuevo monto duplica el establecido en enero de 2025, cuando la recompensa era de 25 millones de dólares, equiparándose entonces a las ofrecidas por figuras como Osama bin Laden o Saddam Hussein.
Bondi lo calificó como «uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional» y recordó que la DEA ha incautado hasta ahora 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y su entorno, de las cuales casi siete toneladas estarían directamente relacionadas con operaciones bajo su control.
La Caracola: lujo, ubicación y funciones
La Caracola es una villa de dimensiones excepcionales: edificada sobre más de 3,000 m² habitables en una parcela que supera los 6,000 m², cuenta con nueve habitaciones, diez baños, amplias salas de estar, comedor formal, cocina gourmet y varias terrazas abiertas al mar.
Entre sus amenidades se incluyen piscina de borde infinito, helipuerto, spa privado, gimnasio, áreas ajardinadas y acceso a los servicios integrales de Cap Cana, como restaurantes, tiendas, iglesia, rutas para ciclismo y vigilancia las 24 horas.
La propiedad habría sido adquirida inicialmente por 13 millones de dólares y revendida más tarde por 18 millones, operación en la que se cita como comprador a Samark José López Bello, identificado por autoridades estadounidenses como testaferro de Tareck Zaidan El Aissami Maddah, en representación de Nicolás Maduro.
López, señalado como su operador financiero y titular de activos en el Caribe, conecta de forma directa con las propiedades intervenidas en Cap Cana.
Durante la llamada «Operación Libertad» de abril de 2019, surgieron versiones según las cuales Cilia Flores, esposa de Maduro, se alojó en La Caracola tras abandonar Caracas discretamente en un vuelo privado con destino a la República Dominicana.
Aunque nunca se confirmó oficialmente, esta versión reforzó la imagen de la villa como un refugio estratégico para figuras del chavismo en momentos de crisis.
Antecedentes en territorio dominicano
Las incautaciones actuales tienen un claro antecedente en las diligencias practicadas en 2019 en el mismo sector, cuando autoridades dominicanas, acompañadas de agentes estadounidenses, allanaron dos villas frente a Playa Juanillo utilizadas por familiares de Samark López.
En aquella ocasión se confiscaron sumas en efectivo, joyas, documentos y vehículos, y se detuvo a varias personas para fines de investigación.
En 2015, con el allanamiento de una mansión y un yate en Casa de Campo, La Romana, en una operación contra allegados a la familia presidencial venezolana, donde se incautaron drogas y bienes de alto valor. Los operativos, sumados a la incautación de dos aeronaves, responden a una estrategia para atacar capacidad financiera y logística del chavismo fuera de Venezuela.
Tareck El Aissami: de figura clave a detenido
Tareck Zaidan El Aissami Maddah fue durante años una de las figuras más influyentes del chavismo. Ocupó cargos como ministro del Interior y Justicia, gobernador de Aragua, vicepresidente ejecutivo, ministro de Petróleo y vicepresidente del área económica.
En 2017 fue sancionado por EE. UU. bajo la Ley Kingpin como «traficante significativo de narcóticos», acusado de facilitar envíos de cocaína a gran escala a través de Venezuela hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, así como de mantener vínculos con organizaciones criminales.
Tareck Zaidan, habría sido testaferro de Maduro.
En marzo de 2023 renunció como ministro de Petróleo tras destaparse el escándalo PDVSA–Cripto, que reveló un esquema de desvío multimillonario mediante la venta irregular de crudo y el uso de criptomonedas.
Un año después, en abril de 2024, fue arrestado en Venezuela bajo cargos de traición a la patria, corrupción agravada, asociación para delinquir y malversación de fondos.
Permanece detenido sin un juicio público y su caso es interpretado como parte de una pugna interna en el chavismo para neutralizar a figuras con poder propio.
Samark López: el operador financiero
Samark José López Bello es un empresario venezolano identificado por el Departamento del Tesoro como el principal testaferro de El Aissami. Controlaba una red internacional de empresas en Venezuela, Panamá, RD y otros países del Caribe, que habría servido para mover capitales, adquirir propiedades de lujo y evadir sanciones.
En 2019 fue acusado junto a El Aissami por violar las sanciones de la Ley Kingpin, al participar en transacciones prohibidas y facilitar el uso de bienes y aeronaves privadas.
