Por REGINA GARCIA CANO
MARACAIBO, Venezuela (AP) — Las manos de Yosbelin Pérez han fabricado decenas de miles de las planchas redondas de aluminio que las familias venezolanas calientan a diario para cocinar arepas.
Se enorgullece de elaborar el venerado «budare», el denominador común entre las casas rurales con techo de lámina y los apartamentos de la ciudad, pero no posee nada a su nombre a pesar de los años que lleva vendiendo utensilios de cocina.
De hecho, Pérez debe unos 5.000 dólares porque ella y su familia nunca llegaron a Estados Unidos, donde esperaban escapar de la profunda crisis política, social y económica de Venezuela.
Ahora, al igual que miles de venezolanos que han regresado a su país este año, ya sea voluntaria o no, están empezando de cero mientras la crisis se agrava.
“Cuando decidí irme en agosto, lo vendí todo: casa, pertenencias, auto, todo de mi fábrica: moldes, arena. Me quedé sin nada”, dijo Pérez, de 30 años, en casa de sus suegros en el oeste de Venezuela.
“Llegamos a México, nos quedamos siete meses, y cuando el presidente (Donald Trump) llegó al poder en enero, dije: ‘¡Vámonos!’”.
La pandemia de COVID-19 empujó a los migrantes a Estados Unidos
Más de 7,7 millones de venezolanos han migrado desde 2013, cuando la economía de su país, dependiente del petróleo, se desmoronó.
La mayoría se asentó en América Latina y el Caribe, pero tras la pandemia de COVID-19, los migrantes vieron en Estados Unidos su mejor oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.
Muchos venezolanos ingresaron a Estados Unidos bajo programas que les permitieron obtener permisos de trabajo y los protegieron de la deportación.
Sin embargo, desde enero, la Casa Blanca ha eliminado las protecciones para los inmigrantes y ha buscado agresivamente su deportación, mientras el presidente estadounidense Donald Trump cumple su promesa de campaña de limitar la inmigración a Estados Unidos.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se había negado durante mucho tiempo a aceptar de vuelta a los venezolanos deportados, pero cambió de postura a principios de este año bajo presión de la Casa Blanca.
Los inmigrantes ahora llegan regularmente al aeropuerto de las afueras de la capital, Caracas, en vuelos operados por un contratista del gobierno estadounidense o por la aerolínea estatal venezolana.
El gobierno estadounidense ha defendido sus audaces medidas, incluyendo el envío de más de 200 venezolanos a una prisión en El Salvador durante cuatro meses, argumentando que muchos de los inmigrantes pertenecían a la violenta pandilla Tren de Aragua.
El gobierno no presentó pruebas que respaldaran la acusación general. Sin embargo, varios inmigrantes deportados recientemente han afirmado que las autoridades estadounidenses juzgaron erróneamente sus tatuajes y los utilizaron como excusa para deportarlos.
Maduro declaró ‘emergencia económica’
Muchos de quienes regresan a casa, como Pérez y su familia, se encuentran con condiciones de vida más duras que cuando se fueron, ya que la crisis monetaria, la inflación de tres dígitos y los salarios miserables han hecho que la comida y otras necesidades básicas sean inasequibles, por no hablar del vehículo, la casa y los aparatos electrónicos que vendieron antes de emigrar.
El salario mínimo mensual de 130 bolívares, o 1,02 dólares al lunes, no ha aumentado en Venezuela desde 2022. La gente suele tener dos, tres o más trabajos para reunir el dinero.
Este último capítulo de la crisis de 12 años incluso llevó a Maduro a declarar una “emergencia económica” en abril.
David Rodríguez emigró dos veces a Colombia y Perú antes de intentar llegar a Estados Unidos.
Salió de Venezuela el año pasado, cruzó el peligroso Tapón del Darién a pie, atravesó Centroamérica y caminó, se subió a un tren y tomó autobuses por todo México.
Se entregó a las autoridades migratorias estadounidenses en diciembre, pero fue detenido durante 15 días y deportado a México.
En quiebra, Rodríguez, de 33 años, trabajó como conductor de mototaxi en Ciudad de México hasta que ahorró suficiente dinero para comprar su boleto de avión de regreso a Venezuela en marzo.
“Irme a Estados Unidos… fue un revés total”, dijo sentado en casa de un familiar en Caracas. “Ahora mismo, no sé qué hacer salvo salir de deudas primero”.
Debe pagar $50 a la semana por una motocicleta que compró para trabajar como mototaxista. En una buena semana, dijo, puede ganar $150, pero hay otras en las que solo gana lo suficiente para cubrir el pago de $50.
Los migrantes buscan usureros
Algunos migrantes se matricularon en escuelas de belleza y pastelería o se convirtieron en repartidores de comida tras ser deportados. Otros ya habían emigrado a España. Muchos recurrieron a usureros.
El cuñado de Pérez, quien también fabricaba utensilios de cocina de aluminio antes de emigrar el año pasado, le permite usar el horno y otros electrodomésticos que dejó en su casa de Maracaibo para que la familia pueda ganarse la vida.
Pero la mayor parte de sus ganancias se destina a cubrir el 40% de interés mensual de un préstamo de $1,000.
Si la deuda no fuera suficiente preocupación, Pérez también tiene que preocuparse por la razón exacta que la alejó: la extorsión.
Pérez dijo que ella y su familia huyeron de Maracaibo después de que ella pasara varias horas bajo custodia policial en junio de 2024 por negarse a pagarle $1,000 a un oficial.
El oficial, según Pérez, tocó a su puerta y le exigió el dinero a cambio de permitirle seguir operando su negocio de utensilios de cocina sin permiso en su patio trasero.
Dijo que los oficiales la rastrearon a su regreso y ya le exigieron dinero.
“Trabajo para ganarme la vida de un día para otro… La semana pasada vinieron unos guardias. ‘Mira, tienes que apoyarme’”, dijo Pérez que le dijeron a principios de julio.
Entonces, si no les doy nada (dinero), aparecen otros también. Le transferí $5. Tiene que ser más de $5 porque si no, te van a pelear.
