El exdiputado del Frente Amplio y actual coordinador de Justicia de la Oficina Nacional para el Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP), Juan Dionicio Rodríguez, valoró como trascendental la creación del Ministerio de Justicia por parte del Gobierno del presidente Luis Abinader, señalando que esta institución será clave para transformar el sistema penitenciario y fortalecer la seguridad ciudadana en el país.
“El Ministerio de Justicia, yo creo que ese es un gran aporte que va a tener el gobierno de Luis Abinader”, destacó.
Durante una entrevista concedida al programa Matutino Su Mundo, Rodríguez afirmó que este nuevo ministerio representa una de las reformas más importantes en materia institucional de los últimos años.
Asimismo, aseguró que a partir de la promulgación de esta nueva institución y con la debida designación de funcionarios, se abre una oportunidad histórica para supervisar, reestructurar y fortalecer todo el sistema de justicia penal, particularmente el modelo penitenciario.
“A partir de la designación de sus incumbentes y la vigilancia que la ciudadanía puede ejercer sobre estos, se puede transformar todo el tema penitenciario en República Dominicana”, expresó.
Asimismo, subrayó que el impacto de este ministerio no se limitará al ámbito institucional, sino que tendrá efectos directos en la mejora de la seguridad pública.
“Va a ser un gran aporte no solo a la sociedad, sino a la seguridad ciudadana y a la seguridad pública, porque en la República Dominicana no existe la cadena perpetua ni la pena de muerte”, explicó Rodríguez, al tiempo que recordó que el sistema de justicia debe enfocarse en la rehabilitación y reinserción social.
El trabajo y la educación no serán una opción, si no una obligación
Destacó que, en el modelo de reforma penitenciaria impulsado desde ONAPREP y con respaldo del Ministerio de Justicia, “el trabajo y la educación no serán una opción, sino una obligación”.
De hecho, mencionó que ya se han firmado acuerdos con instituciones como la Asociación de Bancos para que los internos puedan abrir cuentas bancarias y con la Biblioteca Nacional para implementar programas de lectura.
“Los jueces de ejecución de la pena podrán tomar en cuenta la producción literaria o académica de los internos para reducir penas”, añadió.
El funcionario denunció que el crimen organizado y el crimen transnacional operan desde las cárceles dominicanas, y que parte de la oposición al Ministerio de Justicia viene de sectores con intereses en esa corrupción.
“Hay que evitar que lleguemos al nivel de Ecuador o Brasil, donde fue necesario tomar medidas extremas por la criminalidad y la podredumbre del sistema penitenciario”, advirtió.
Aseguró que el nuevo sistema penitenciario está diseñado para romper con esa realidad: los custodios no podrán ingresar celulares, habrá controles estrictos de llamadas, y se aplicará un modelo ético tanto para internos como para el personal penitenciario.
“Estamos formando nuevas personas, con honorabilidad y vocación de servicio. Esto no es un hotel, pero tampoco es una selva”, dijo tajante.
Proceso legislativo y promulgación
Rodríguez explicó que la Ley del Ministerio de Justicia ya ha pasado por el proceso legislativo, y que una vez auditada por las cámaras, será enviada al Poder Ejecutivo, que tendrá cinco días para promulgarla.
“Yo supongo que el presidente Abinader la firmará esta semana. Sería un gran acto histórico, porque el primer ministerio creado en la República Dominicana en 1845 fue precisamente el de Justicia e Instrucción Pública”, afirmó.
Sugirió que la firma se realice en un acto público con presencia de ciudadanos y representantes sociales, para enviar un mensaje claro de cumplimiento de la ley: “Aquí no se trata de un acto simbólico como lo hace Donald Trump; se trata de mandar un mensaje de que la ley se va a cumplir y el sistema va a cambiar”.
Cuestionó la posición incoherente de la Fuerza del Pueblo, cuyos diputados no votaron por el proyecto pese a que su senador Félix Bautista fue uno de los proponentes originales y lo apoyó en el Senado junto a Omar Fernández.
“Es una línea política sin sentido. Esta ley es un mandato constitucional y debe cumplirse”, afirmó.
La mafia en el Congreso fue derrotada
Afirmó este miércoles que la denominada “mafia del Congreso” que se oponía a la modernización del sistema penitenciario dominicano ha sido derrotada, al lograrse la aprobación en el Senado del proyecto de Ley que crea el Ministerio de Justicia.
“Esa mafia del Congreso fue derrotada. Lo que corresponde ahora es que el Poder Ejecutivo promulgue la ley y dé paso al cierre de más de 60 años de atraso, corrupción y marginalidad que han marcado el sistema penitenciario dominicano”, declaró.
El nuevo Ministerio tendrá seis funciones específicas y articulará tres sistemas esenciales: el de justicia, el penitenciario y el de derechos humanos.
Rodríguez indicó que esta estructura permitirá mayor cohesión institucional y la unificación de criterios en la aplicación de políticas públicas en esas áreas.
“Una de las grandezas de esta ley es que va a tratar de unificar criterios en materia de justicia, derechos humanos y asuntos correccionales. Esto es fundamental para fortalecer el debido proceso y alinear los poderes públicos en beneficio de la institucionalidad”, señaló.
Rodríguez aseguró que esta ley fortalece la institucionalidad y permitirá unificar criterios entre los poderes públicos en materia de justicia, derechos humanos y corrección.
“Con esta ley, se da un paso clave hacia el debido proceso y la complementariedad de los poderes. El presidente debe promulgarla como un acto histórico que devuelva confianza al sistema judicial y penitenciario del país”, concluyó.
Corrupción y delitos desde las cárceles
Rodríguez subrayó que la urgencia de esta reforma responde, entre otras razones, al alto nivel de criminalidad que se origina en las cárceles.
“El 38% de los delitos que ocurren en el país se gestan desde las cárceles. Y si hablamos de sicariato, el 60% tiene origen en estos centros. Esto no puede seguir. El nuevo sistema busca desmontar esa estructura criminal”, denunció.
Actualmente, el sistema penitenciario está fraccionado entre diferentes instituciones como la Policía Nacional, el Ejército y la Procuraduría General, situación que, según Rodríguez, genera ineficiencia, duplicidad de funciones y corrupción.
Rodríguez, aseguró que la eficacia del recién aprobado Ministerio de Justicia dependerá de la integridad moral de quienes lo dirijan.
“Una ciudad es como su ayuntamiento, y su ayuntamiento es como su alcalde. Si quienes van a dirigir el Ministerio de Justicia son corruptos, entonces ahí no va a haber solución”, afirmó.
Rodríguez enfatizó que no cree en soluciones individuales ni en enfoques liberales para transformar el sistema de justicia, sino en la institucionalidad con ética colectiva.
A su juicio, el gran desafío de República Dominicana sigue siendo la corrupción y la impunidad.
“Hay corrupción hoy en las cárceles, mucha corrupción. Sobre todo, en 19 cárceles: 12 dirigidas desde fortalezas y 7 manejadas por la Policía. Todos los días recibo informes y siempre hay problemas”, denunció.
El funcionario explicó que ONAPREP no es una institución ejecutora, sino un órgano que colabora con la reforma penitenciaria y aporta al proceso de transformación.
“Nosotros estamos contribuyendo. No somos la institución, pero apoyamos activamente los cambios”, precisó Rodríguez.
Como parte de ese proceso de mejora, informó que en agosto se realizará el traslado de 2,400 internos hacia el nuevo centro penitenciario Las Parras, y adelantó que el recinto no requerirá el uso de bloqueadores de señal celular.
“Nosotros lo hemos dicho públicamente: ahí no se necesitarán bloqueadores. No va a haber bloque. Es un centro pensado con otro modelo”, concluyó.
Los celulares no entran solos, los agentes de la ley lo introducen
Rodríguez Restituyo denunció que el sistema penitenciario dominicano está profundamente corrompido y que gran parte del crimen organizado se origina desde dentro de las cárceles, con la complicidad de agentes del Estado, asegurando que la entrada de celulares, drogas y otros objetos ilícitos a los centros penitenciarios no ocurre por casualidad, sino que es facilitada por miembros del personal de seguridad.
“Los celulares no entran solos a las cárceles. Son los agentes de la ley quienes los introducen, asociados a los internos. Los presos no salen a buscarlos. Hay toda una red de corrupción interna”, afirmó.
Según el exlegislador, las cárceles dominicanas se han convertido en auténticas “factorías de dinero”, generando millones de pesos mensualmente a través de extorsiones, tráfico de drogas y cobros ilegales por servicios básicos.
Citó como ejemplo el antiguo penal de La Victoria, donde —según datos recabados cuando presidía la Comisión de Derechos Humanos— se movían hasta 100 millones de pesos mensuales cuando el centro albergaba unos 9,000 internos. Solo los ingresos por uso de teléfonos generaban unos 5 millones de pesos al mes.
Rodríguez Restituyo también denunció que muchos ciudadanos son detenidos y retenidos ilegalmente en destacamentos, pese a que sus expedientes indican que deben estar en centros penitenciarios como el 15 de Azua.
“Llegamos a encontrar 361 personas con medida de coerción retenidas en cuarteles policiales. Ahí permanecían semanas o meses, pagando por cada día. Es una práctica que se ha ido reduciendo, pero aún existe”, indicó.
Casi 2,000 millones de pesos por año en corrupción
Rodríguez estimó que el sistema penitenciario genera cerca de 2,000 millones de pesos anuales en prácticas corruptas, mientras que los 19 centros penitenciarios más estructurados manejan unos 200 millones de pesos mensuales de manera formal, sin incluir lo que se mueve en las demás cárceles del país.
“En la cárcel todo tiene un precio. No había siete villares en La Victoria? Todo eso es parte de un sistema que queremos eliminar. No me lo pueden negar, porque lo viví, lo vi y está grabado”, sentenció.
Hay gente que vive de la cárcel fuera de la cárcel
El exdiputado también señaló que hay personas fuera de prisión, incluso con altos rangos, que se benefician económicamente del desorden carcelario.
“Hay generales que viven de las cárceles. Hay toda una economía paralela en torno al sistema penitenciario. Hasta piñas se venden en Najayo a 400 pesos. Todo se compra y se vende en prisión, incluso el derecho a dormir parado”, denunció.
Rodríguez mencionó que en algunos centros, los internos deben depositar dinero en cuentas específicas y presentar un voucher para poder recibir parte del monto enviado por familiares.
Este “sistema bancario paralelo” está documentado por la Comisión de Derechos Humanos y hasta fue grabado en visitas oficiales.
Prostitución y esclavitud sexual en las cárceles
En una de sus declaraciones más contundentes, Rodríguez reveló que en la cárcel de La Victoria existe prostitución y esclavitud sexual.
“Si tú no tienes dinero para pagar, tienes que servir como objeto sexual. Y eso ocurre con los hombres, porque las mujeres solo van los fines de semana”, denunció.
Añadió que, con la implementación del nuevo sistema penitenciario, esas prácticas serán erradicadas: “Vamos a devolverle la dignidad a los internos. Tendrán camas dignas, acceso a la educación y trabajo, pero también deberán respetar reglas”.
Defensoría Pública y presos preventivos
El dirigente también destacó el papel fundamental de la Defensoría Pública, que actualmente lleva el 87% de los casos penales en el país y ha logrado la absolución de más de 5,000 ciudadanos injustamente privados de libertad.
Lamentó que la cultura institucional de la Procuraduría y de la Policía esté enfocada en “cerrar casos a toda costa”, lo que contribuye a un alto número de presos preventivos.
“Tenemos cerca de 25,000 privados de libertad, de los cuales unos 15,000 son preventivos. De esos, 349 están presos por no poder pagar fianzas entre 500 y 20,000 pesos, lo que es un absurdo cuando el Estado gasta 1,080 pesos diarios por cada interno”, aseguró.
Finalmente, Rodríguez llamó a apoyar la transformación del sistema penitenciario con la creación del Ministerio de Justicia, aprobado recientemente en el Senado, el cual espera que sea promulgado pronto por el presidente Abinader para comenzar a desarticular esta red de corrupción institucionalizada.
