Por reincidencia en ciberdelitos y campaña de difamación.
El Ministerio Público solicitó formalmente a la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la variación de la medida de coerción impuesta a Johanna del Carmen Madera de Stanley, condenada por ciberdelitos, tras alegar que la imputada ha continuado con la comisión de nuevos hechos delictivos, a pesar de su sentencia condenatoria.
La instancia depositada por el órgano persecutor expone que Madera de Stanley fue condenada en noviembre de 2024 a tres años de prisión por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, al comprobarse que suplantó la identidad de la Sra. Karla Fitch para amenazar a padres del Colegio Mundo Creativo de Montesori, generando temor y movilización de seguridad en la institución educativa.
No obstante, tan solo tres meses después de esa condena, el Ministerio Público judicializó un segundo caso contra la imputada, por presuntamente haber amenazado de muerte al presidente de la República y a los comunicadores Jaime Rincón y Julio Manuel Sierra, también utilizando la identidad suplantada de la misma ciudadana.
La solicitud de variación se fundamenta además en una tercera actuación atribuida a la señora Madera de Stanley, quien habría pagado a la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez para ejecutar una campaña de difamación e injuria contra el actual procurador adjunto Iván Féliz Vargas, responsable de la investigación que culminó en su primera condena. Según el expediente, Ingrid Jorge confesó públicamente haber actuado por instrucciones y con financiamiento de la imputada.
En atención a la reiteración delictiva y a la alteración de los presupuestos originales que motivaron medidas menos gravosas, el Ministerio Público invocó el artículo 238 del Código Procesal Penal, solicitando que se imponga prisión preventiva a la imputada en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres, en sustitución de la medida vigente de impedimento de salida y garantía económica.
El Ministerio Público reafirma su compromiso con la persecución de los delitos tecnológicos y la protección de las instituciones, solicitando a la Corte de Apelación que acoja favorablemente esta solicitud en defensa del interés público.
