POR LINDSAY WHITEHURST
and HALLIE GOLDEN
WASHINGTON (AP) — Una corte federal de apelaciones en San Francisco dictaminó que la orden del presidente Donald Trump que pretende poner fin a la ciudadanía por nacimiento es inconstitucional, confirmando así la decisión de un tribunal de menor instancia que bloqueó la aplicación de dicha orden a nivel nacional.
El fallo de un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito se produce después de que la iniciativa de Trump también fue bloqueada por un juez federal en Nueva Hampshire. Esta es la primera vez que un tribunal de apelaciones se pronuncia sobre el tema, el cual está un paso más cerca de regresar ante la Corte Suprema.
La decisión del tribunal del 9no Circuito mantiene la prohibición al gobierno de Trump de aplicar la orden que negaría la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están en Estados Unidos de forma temporal o sin autorización legal.
“El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta de la Orden Ejecutiva, en la que se niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en los Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos completamente de acuerdo”, escribió la mayoría.
El fallo de 2-1 ratifica la decisión del juez federal John C. Coughenour en Seattle, quien bloqueó el esfuerzo de Trump por poner fin a la ciudadanía por nacimiento y denunció lo que describió como un intento del gobierno por ignorar la Constitución para beneficio político. Coughenour fue el primero en bloquear la orden.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.
Desde entonces, la Corte Suprema ha restringido el poder de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes que afectan a todo el país, conocidas como medidas cautelares nacionales.
Pero la mayoría del tribunal del 9no Circuito encontró que el caso caía bajo una de las excepciones a las que los jueces habían dejado la puerta abierta.
El caso fue presentado por un grupo de estados que argumentaron que necesitan una orden nacional para prevenir los problemas que se desatarían en caso de que la ciudadanía por nacimiento fuera la ley únicamente en la mitad del país.
“Concluimos que el tribunal de distrito no abusó de su discreción al emitir una medida cautelar universal para dar a los estados un alivio completo”, escribieron los jueces Michael Hawkins y Ronald Gould, ambos designados por el entonces presidente Bill Clinton.
El juez Patrick Bumatay, nombrado por Trump, disintió. Encontró que los estados no tienen el derecho legal, o legitimación, para interponer una demanda.
“Debemos abordar cualquier solicitud de alivio universal con escepticismo de buena fe, conscientes de que la invocación de ‘alivio completo’ no es una puerta trasera a las medidas cautelares universales”, escribió.
Bumatay no opinó sobre si poner fin a la ciudadanía por nacimiento sería constitucional.
La Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que la frase “sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos” en la enmienda significa que la ciudadanía no se confiere automáticamente a los niños basándose únicamente en su lugar de nacimiento.
Los estados —Washington, Arizona, Illinois y Oregon— argumentan que eso ignora la clara redacción de la Cláusula de Ciudadanía, así como un caso histórico de ciudadanía por nacimiento en 1898 en el que la Corte Suprema determinó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano en virtud de su nacimiento en suelo estadounidense.
La orden de Trump afirma que un niño nacido en Estados Unidos no es ciudadano si la madre no tiene estatus migratorio legal o está en el país legal pero temporalmente, y el padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal. A nivel nacional se han presentado al menos nueve demandas impugnando la orden.
