El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín Santos, declaró que están preparando un recurso para acudir al Tribunal Constitucional, tras la inadmisión de un recurso por parte de la Suprema Corte de Justicia que podría obligar a la institución a brindar asistencia legal a empresas privadas imputadas en casos penales.
“Estamos preparando los cañones para ir al Tribunal Constitucional. Porque es un tema que se debe de dejar bien claro”, expresó
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, donde reiteró su rechazo a que se obligue a la ONDP a representar personas jurídicas, algo que, según explicó, no está contemplado ni en la Constitución ni en la Ley 277-04 que rige la institución.
La defensa pública es para personas físicas, no jurídicas
Valentín Santos recordó que la defensa pública fue creada para asistir a personas de escasos recursos que no tienen cómo costear un abogado, conforme al artículo 176 de la Constitución. “Cuando la Constitución habla de personas, se refiere claramente a personas físicas”, afirmó.
Detalló que hace más de un año y medio el Ministerio Público ha solicitado que defensores públicos representen a empresas privadas involucradas en casos de corrupción, a lo que la institución se ha opuesto categóricamente.
“Emitimos una instrucción general para que ningún defensor público pueda asumir la defensa de una compañía privada”, explicó.
Una trampa al sistema
El jurista calificó como una “trampa al sistema” el intento de algunas aseguradoras de que un defensor público represente tanto a una persona como a su empresa en un mismo caso, a pesar de que ya cuentan con seguros contratados para ese tipo de defensa.
“Eso fue una burla. Querían que un imputado fuera asistido por un defensor público, pero que también se le diera calidad como representante legal de una aseguradora privada. Eso es totalmente improcedente y un abuso del sistema”, sentenció.
Déficit y falta de preparación para casos societarios
Valentín también alertó sobre el déficit de defensores públicos en el país, y señaló que los abogados de la ONDP no tienen el expertise necesario para defender empresas en procesos relacionados con derecho societario, quiebras o temas fiscales.
“Tenemos apenas 151 defensores públicos de carrera, y muchos casos están siendo atendidos por abogados contratados que no tienen la misma formación”, dijo.
Un despropósito del sistema judicial
El director aseguró que el intento del Ministerio Público de trasladar esa carga a la ONDP representa un “despropósito del sistema judicial”, y lamentó que los tribunales hayan dado aquiescencia a tales requerimientos.
“No es posible que por falta de personal o estrategia del Ministerio Público, quieran hacer de la Defensa Pública el chivo expiatorio”, añadió.
El mensaje a la Procuradora
Cuestionado sobre la postura de la procuradora general Miriam Germán y de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, dijo: “No tengo nada que decirles personalmente, solo señalar que es un despropósito y que han perdido la noción de que somos un órgano constitucional con autonomía reforzada. Las decisiones de los jueces se atacan con recursos y acciones, y eso es lo que vamos a hacer”.
El camino hacia el Tribunal Constitucional
Finalmente, aseguró que la institución recurrirá a todas las vías legales disponibles para impedir que se imponga esa carga adicional: “Vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Ya hemos agotado el camino en la Suprema, y ahora iremos al Tribunal Constitucional para defender el mandato legal y el espíritu con el que fue creada la Defensa Pública”.
