Exigen se explique los criterios utilizados para otorgar 11,007 pensiones sin aval
La Fuerza del Pueblo (FP) denunció que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha dispuesto, entre los años 2021 y 2024, 318 decretos presidenciales para la asignación de pensiones especiales sin justificación legal, beneficiando a 11,007 personas y generando un compromiso financiero anual para el Estado dominicano que asciende a RD$3,925,955,796.
El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la FP, Raúl Martínez, sostuvo que el hallazgo se desprende de un estudio minucioso que analizó todas las disposiciones emitidas por el Ejecutivo en este período, evidenciando una práctica que calificó como abusiva, discrecional y contraria al marco normativo.
De acuerdo con el informe, la Ley 379-81, que establece el régimen de pensiones y jubilaciones de los servidores públicos, limita este beneficio a quienes cumplen con los requisitos de edad y tiempo de servicio.
Si bien otorga al Presidente la facultad de conceder pensiones en casos de incapacidad médica, cualquier otra situación no contemplada por la ley debe ser aprobada por el Congreso Nacional, tal como lo indica su artículo 10.
“El Poder Ejecutivo no está autorizado a otorgar pensiones especiales por capricho, y sin embargo, esto es lo que está ocurriendo en la práctica”, enfatizó Martínez, subrayando que se trata de una violación a la normativa vigente.
Para dimensionar el alcance de esta política, el documento revela que el monto destinado a estas pensiones sin sustento legal supera ampliamente el presupuesto asignado a varias instituciones clave del Estado.
Por ejemplo, el gasto supera lo que recibirá en 2025 el Ministerio de Trabajo, que cuenta con RD$3,023 millones, y también excede con holgura la asignación del Ministerio de Administración Pública, estimada en RD$2,714 millones.
Incluso, es más del triple de lo presupuestado para el Ministerio de la Mujer, que apenas dispone de RD$1,254 millones, y quintuplica lo destinado al Ministerio de la Juventud, que recibirá RD$754 millones.
La magnitud del dispendio es aún más evidente cuando se compara con los recursos asignados a órganos constitucionales de alta relevancia. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene previsto un presupuesto de RD$1,900 millones para el próximo año, mientras que la Cámara de Cuentas apenas alcanza los RD$1,524 millones.
El Tribunal Superior Electoral, con RD$1,193 millones, y la Oficina Nacional de Defensa Pública, con RD$836 millones, quedan también por debajo de los casi 4 mil millones destinados a estas pensiones.
Incluso el Defensor del Pueblo, pieza fundamental para garantizar los derechos ciudadanos, contará con solo RD$375 millones, lo que evidencia un marcado desbalance en las prioridades del gasto público.
Más allá del ámbito institucional, la denuncia adquiere mayor gravedad al contrastar el gasto en pensiones especiales con programas sociales y de salud que impactan directamente en la vida de la población. Con el dinero destinado a estas pensiones, se podría financiar varias veces la detección y tratamiento del cáncer, que dispone de apenas RD$427 millones, o cubrir sobradamente la prevención y atención de la tuberculosis, cuyo presupuesto es de RD$235 millones.
Incluso, se podrían ampliar significativamente los programas de prevención del VIH-SIDA, que cuentan con RD$1,737 millones, y los planes de alfabetización en el nivel primario, que suman RD$1,832 millones.
Asimismo, esta cifra supera con amplitud los fondos asignados a la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas, que apenas llegan a RD$1,052 millones, y los esfuerzos de salud materno-neonatal, que reciben RD$2,180 millones.
También rebasa los recursos destinados a proyectos esenciales para la seguridad alimentaria, como el fomento de la producción agrícola, presupuestado en RD$2,452 millones, y el desarrollo de infraestructura vial, que tiene asignados RD$3,547 millones, situando este gasto discrecional por encima de obras estratégicas para la movilidad y el desarrollo económico.
“Estamos ante un desorden fiscal disfrazado de política social, que crea privilegios irritantes y compromete recursos que deberían destinarse a sectores prioritarios”, denunció Martínez, advirtiendo que esta práctica no solo representa una amenaza para la sostenibilidad financiera del país, sino que refleja un preocupante orden de prioridades por parte del Gobierno.
El dirigente de la FP señaló, además, que los decretos que otorgan estas pensiones revelan un marcado tinte político. “En muchos casos, estas pensiones se conceden por solicitud expresa de dirigentes del PRM.
El decreto 425-21, por ejemplo, menciona que los beneficiarios fueron propuestos por un senador oficialista, mientras que el decreto 273-21 indica que las pensiones se otorgaron a petición de un alcalde del partido de Gobierno”, sostuvo. En su opinión, esto evidencia que las pensiones especiales se han convertido en una herramienta clientelar y electoral.
Finalmente, la Fuerza del Pueblo exigió al Gobierno explicar los criterios utilizados para otorgar estas pensiones, detener la práctica y rendir cuentas sobre el manejo de estos recursos.
“El pueblo dominicano merece saber cómo se gasta su dinero. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante y exigir transparencia en cada centavo de los fondos públicos”, concluyó Martínez.
