La institución reafirma su liderazgo en gestión pública ética y acceso abierto a la información.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) obtuvo por onceavo mes consecutivo la puntuación máxima (100 puntos) en el monitoreo de portales de transparencia que realiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), consolidando su posición como una de las instituciones públicas más transparentes del país.
La actual Dirección Ejecutiva del Intrant, encabezada por Milton Morrison, reafirmó su compromiso con una administración pública basada en la ética, la eficiencia y la transparencia.
“No se trata solo de cumplir con una obligación legal. Para nosotros, la transparencia es una forma de servir mejor, de demostrar con hechos que el ciudadano está en el centro de lo que hacemos. Cuando abrimos nuestras puertas y mostramos con claridad cómo trabajamos, fortalecemos la confianza de la gente en las instituciones”, expresó Morrison.
Esta calificación, correspondiente a los períodos de julio 2024 a junio 2025, certifica el cumplimiento riguroso de los estándares en compras y contrataciones, publicación de estados financieros, egresos e ingresos, y acceso oportuno a la información pública.
El “Reporte de Monitoreo de los Portales de Transparencia” también evaluó el cumplimiento del marco legal vigente. El Intrant alcanzó el 100 % en los indicadores vinculados a la Constitución, leyes, decretos, resoluciones y normativas administrativas que rigen la función pública.
En la categoría de Datos Abiertos, la institución obtuvo la puntuación más alta en áreas clave como la Oficina de Libre Acceso a la Información, Declaraciones Juradas, el Portal 311, Recursos Humanos, Finanzas, Proyectos y Programas, Consultas Públicas, y Planificación Estratégica Institucional, que incluye el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual (POA) y las Memorias Institucionales.
Esta evaluación forma parte del cumplimiento de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho de los ciudadanos a estar informados y la obligación del Estado de rendir cuentas de manera clara y efectiva.
