ADVIRTIERON “CÓDIGO DE ABINADER Y EL PRM” SERÍA UN NEFASTO LEGADO PARA LA REPÚBLICA DOMINICANA.
Decenas de organizaciones sociales agrupadas en la Iniciativa Ciudadana por Un Mejor Código alertaron sobre los peligros del proyecto de Código Penal propuesto por la comisión bicameral del Congreso Nacional, al que calificaron como “un Código de la impunidad, de la censura y contra la familia dominicana”.
Las organizaciones denunciaron que el proyecto no solo mantiene retrocesos que incluso fueron criticados por el presidente Luis Abinader en ocasiones anteriores, sino que además introduce nuevos elementos que agravan la situación de justicia, derechos humanos y libertad de expresión en el país.
Favorece la impunidad y protege a poderosos
Uno de los aspectos más graves del proyecto es que deja fuera de responsabilidad penal al Estado, a los ayuntamientos, a los partidos políticos y a las iglesias, lo que implicaría que si alguna de estas instituciones comete un delito, no podría ser sancionada penalmente.
Si el nuevo Código Penal absuelve a estas instituciones de responsabilidad penal tragedias como: Jet Set (2025), las inundaciones de noviembre (2023) o explosión en San Cristóbal (2023) para ellos quedarán como simples “accidentes” y no pagarán por su falta de supervisión como autoridades.
“Eso es darle carta blanca a la corrupción y a los abusos desde el poder”, señalaron las organizaciones. Además, el proyecto establece que los casos de corrupción sólo podrán investigarse hasta 20 años después de haber ocurrido cuando deberían ser imprescriptibles.
Desprotege a mujeres, niñas y víctimas de violencia
El proyecto también debilita la figura del feminicidio, limitándola únicamente a casos muy extremos.
“Si una mujer es asesinada por su pareja pero no hay señales de violencia sexual o no la dejaron tirada en una plaza pública, no se considera feminicidio. Es una burla para todas las mujeres víctimas de violencia”, expresaron.
Igualmente, se establecen penas mínimas para agresiones sexuales, que van de uno a dos años de cárcel, con posibilidad de que el agresor quede libre, y se permite que los delitos sexuales puedan prescribir con el tiempo, lo que deja sin justicia a muchas víctimas que necesitan años para poder hablar.
Esto representa un retroceso, pues en la norma procesal penal vigente, las agresiones sexuales, cualquiera que sea su naturaleza, son imprescriptibles.
Más preocupante aún es que cuando el agresor es la pareja o dice serlo, la pena se reduce, y solo se castiga si se demuestra violencia física o el uso de drogas.
“Es decir, si tu pareja te viola, tiene una pena menor pero además si no hay golpes visibles, es probable que no le pase nada”, explicaron.
También denunciaron que el nuevo Código no solo excluye las tres causales del aborto, que según todas las encuestas son aprobadas por la mayor parte de la sociedad, sino que aumenta las penas por aborto.
Su exclusión niega el derecho a la vida, la salud y la dignidad de mujeres y niñas. Las causales permiten interrumpir el embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando el embarazo no es viable o cuando es producto de violación o incesto.
Busca callar a la ciudadanía y castigar la protesta
Las organizaciones también advirtieron que el proyecto abre las puertas a la censura y la criminalización de la protesta. Por ejemplo, incluye penas de cárcel para quienes “hagan gestos” que “ofendan” a un funcionario público, incluso si lo hacen en privado o con un gesto como levantar un dedo.
Además, establece que compartir cualquier tipo de documento con una empresa extranjera podría considerarse espionaje, con penas de hasta 30 años de cárcel, sin aclarar si se trata de información que verdaderamente afecte la seguridad nacional.
Un llamado al presidente Abinader
Desde la Iniciativa Ciudadana por Un Mejor Código hicieron un llamado al presidente Luis Abinader, quien tiene en sus manos la decisión final, para que no permita que este Código Penal se convierta en su legado.
“El pueblo dominicano merece un Código que proteja a las víctimas, sancione a los agresores y garantice los derechos de todas y todos. No uno que legalice la impunidad y silencie la protesta”, concluyeron.
