El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró este miércoles la postura institucional y ética del director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, quien se negó a firmar una nueva adenda al cuestionado contrato con la empresa Dekolor, marcando un precedente en la defensa del interés público y el cumplimiento de la ley.
Pimentel recordó que el contrato entre el INTRANT y la empresa Dekolor, S.R.L. —desde sus orígenes— ha estado plagado de irregularidades e ilegalidades.
“Ese contrato tiene una larga historia, y no precisamente una historia positiva. Se ha sostenido por años exclusivamente a través de adendas que han permitido su vigencia, pese a su naturaleza dudosa. Todas esas adendas fueron firmadas por los anteriores directores del INTRANT. Todos, menos uno: Milton Morrison”, afirmó el funcionario.
El titular de Contrataciones Públicas señaló que Morrison no solo se negó a extender nuevamente dicho contrato, sino que procedió correctamente con el lanzamiento de un nuevo proceso de licitación pública, con pliegos de condiciones sólidos, ajustados a la normativa vigente y abiertos a la competencia.
“La respuesta a ese acto de transparencia ha sido una ofensiva de acoso judicial, chantajes, amenazas y campañas de descrédito. Se intenta detener el proceso mediante recursos legales como amparos que buscan suspender la licitación, todo para beneficiar a quienes han mantenido por años un esquema cuestionable y poco transparente”, denunció Pimentel.
Actualmente, el nuevo proceso se encuentra en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (Portal Transaccional), a la espera de recibir ofertas.
Sin embargo, una medida cautelar del Tribunal Superior Administrativo ha detenido temporalmente el procedimiento hasta que se conozca el recurso de amparo interpuesto.
Pimentel destacó que cada observación legítima al pliego ha sido atendida y corregida por el INTRANT en su debido momento, pero dejó claro que no se aceptarán observaciones diseñadas para beneficiar intereses particulares en detrimento de la competencia y la legalidad.
En paralelo, la Dirección General de Contrataciones ha venido colaborando con la Unidad Antifraude del Gobierno y otras entidades del Estado en la investigación del contrato de Dekolor.
“Esta es una muestra de cómo se complementan nuestras funciones. Mientras nosotros intervenimos en la fase precontractual, la Unidad Antifraude ha desarrollado una auditoría forense profunda sobre la ejecución del contrato, la cual servirá como base para las acciones legales que ya se están tomando”, precisó.
El INTRANT ha interpuesto una querella formal ante el Ministerio Público contra Dekolor, S.R.L. y sus principales ejecutivos, Rogelio Ramón Oruña Aguilar y Sandra Oruña, acusándolos de un entramado de corrupción que incluye intento de soborno, amenazas, presión mediática y obstrucción de procesos institucionales.
El expediente contiene evidencia de que el señor Oruña habría intentado influir indebidamente sobre el director Morrison mediante pagos ilícitos y amenazas, incluso utilizando figuras públicas como instrumentos de presión.
