Por FABIOLA SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un tribunal mexicano condenó el martes a 10 hombres a 141 años de prisión cada uno por su participación en un rancho en el estado occidental mexicano de Jalisco que era utilizado por un temido cártel para reclutar miembros, matar y desaparecer víctimas.
El descubrimiento a principios de este año del rancho Izaguirre , utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación para reclutamiento y entrenamiento desde 2021, había provocado alarma y temor en toda la región.
Los 10 hombres fueron arrestados en septiembre de 2024 durante un allanamiento inicial a la propiedad. El lunes fueron condenados por la desaparición y el asesinato de tres víctimas.
El martes, cada uno fue sentenciado a 141 años y tres meses de prisión y se le ordenó pagar 1.3 millones de pesos (aproximadamente $65,000) en concepto de restitución a las familias de las víctimas, según informó la fiscalía local.
Otros cinco sospechosos detenidos en el caso aún esperan juicio, entre ellos tres policías municipales, un operativo del CJNG que presuntamente reclutaba nuevos miembros y José Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, municipio donde se ubica el rancho.
Murguía Santiago fue detenido pocos días después de que el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, revelara que desde 2021, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Jalisco había alertado a las autoridades de Teuchitlán sobre el rancho operado por el CJNG, pero la advertencia fue ignorada durante años.
El caso había desatado una gran controversia después de que Guerrero Buscadores de Jalisco —un grupo que busca a personas desaparecidas— informara el 5 de marzo del hallazgo de numerosos huesos humanos carbonizados y cientos de prendas de vestir y zapatos en el lugar.
La conmoción volvió a poner de relieve la violencia cruda y la impunidad rampante en zonas del país latinoamericano plagadas de cárteles y la tragedia de las investigaciones sobre las 130.000 personas desaparecidas en México .
Tras ese informe, se supo que la Fiscalía estatal de Jalisco no había avanzado en la investigación durante varios meses tras el allanamiento inicial al rancho, cuando la Guardia Nacional intervino y detuvo a los 10 hombres.
Durante ese operativo, se encontraron en el rancho un cadáver y dos de los hombres posteriormente detenidos.
Debido a errores y omisiones de las autoridades estatales, la Procuraduría General de la República se hizo cargo del caso, pero las críticas persistieron.
A finales de abril, Gertz Manero desestimó las afirmaciones sobre la existencia de crematorios en «Rancho Izaguirre», lo que generó críticas de los activistas.
El grupo Guerreros Buscadores de Jalisco respondió afirmando haber recuperado «17 conjuntos de restos óseos humanos carbonizados» del sitio, que ahora se encuentran bajo la custodia de equipos forenses.
